Sentencia N° 45 Casación Social TSJ 2000: Belkis López de Ferrer vs Instituto Nacional de Obras Sanitarias…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto por Belkis López de Ferrer contra la resolución administrativa de la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa. La Sala declaró competente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa para conocer del caso, argumentando que los tribunales laborales son los competentes para conocer de las demandas de nulidad contra decisiones administrativas en materia laboral. La decisión se fundamenta en la interpretación de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo que las decisiones administrativas en materia laboral deben ser impugnadas ante los tribunales laborales, salvo en casos específicos que la ley atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala reafirma la exclusividad de la jurisdicción laboral para conocer de las controversias relacionadas con las normas laborales. Finalmente, se ordena la remisión del expediente al tribunal competente para que continúe con el procedimiento correspondiente, garantizando así la seguridad jurídica y la uniformidad jurisprudencial en la materia.

El conflicto de competencia planteado en el caso de autos, versa sobre un recurso de nulidad propuesto contra una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Portuguesa, con sede en Acarigua, de fecha 21 de agosto de 1992, que declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por la ciudadana Belkis López de Ferrer contra el Instituto Nacional de Obras Sanitarias (I.N.O.S.). En relación con el punto planteado en esta regulación de competencia, es decir, la nulidad de una providencia emanada de un Inspector del Trabajo, esta Sala por razones de seguridad jurídica y uniformidad jurisprudencial, acoge el criterio sentado en la Sala Político Administrativa, en sentencia del 13 de febrero de 1992, caso “Corporación Bamundi C.A.”, la cual, estableció lo siguiente: “...para la fecha de la Ley del Trabajo (15-07-1936, lo relativo a las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativo era muy incipiente. Por esta razón, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia (01-01-77), que desarrolló los postulados de la Constitución de 1961, relativos a tales jurisdicciones, hubo necesidad de precisar la naturaleza de las decisiones dictadas por los órganos de la Administración del Trabajo en estos procedimientos de inamovilidad, y de sus medios de impugnación. Así se llegó a admitir la procedencia de los recursos contenciosos de anulación y la competencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y de esta Sala, para conocer de tales recursos, en los casos de ejercicio de verdaderas funciones administrativas por aquellos órganos al intervenir como terceros imparciales, para tutelar intereses colectivos en las controversias surgidas entre trabajadores y patronos (Vid. sentencia de esta Sala de fecha 10-01-80. Caso “Miranda Entidad de Ahorro y Préstamo”), y ello fundamentalmente porque las normas laborales vigentes hasta el 02-05-91, no hacían distinción respecto de los Tribunales competentes para conocer de los medios de impugnación ejercidos en contra de las decisiones de las autoridades del Trabajo. En otras palabras, que correspondía en su totalidad a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de las demandas de nulidad ejercidas en contra de las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo.”

En mérito de las consideraciones precedentes, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE para conocer del presente recurso de nulidad al JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO PORTUGUESA, CON SEDE EN ACARIGUA. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal antes mencionado.