Sentencia N° 432 — Sala de Casación Social del TSJ, 12 de diciembre de 2019

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia confirma la nulidad de la Providencia Administrativa emitida por el INPSASEL, que impuso una multa a la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA de Caracas. La decisión se basa en el vicio de falso supuesto, ya que se demostró que la asociación había solicitado prórroga para subsanar las irregularidades y había cumplido con las exigencias, aunque de forma extemporánea. La sentencia destaca la importancia de considerar las subsanaciones realizadas por la entidad de trabajo y la aplicación del principio de presunción de inocencia.

Conforme a lo antes expuesto, la consulta es una institución procesal que opera ope legis, en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una sentencia que sea desfavorable a la República, o quienes gozan de dicha prerrogativa procesal, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, está investido de potestad para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, el fallo adoptado en primera instancia, y de este verificar si la misma es contraria a derecho, y proceder a corregir o enmendar los mismos, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de parte. De esta manera, a través de la figura de la consulta se garantiza el agotamiento de la doble instancia, cuando se dicte un fallo definitivo opuesto a los intereses de la República, o quienes gocen de dicha prerrogativa procesal. Así, los presupuestos para la procedencia de la consulta obligatoria son los siguientes: 1.- Que se trate de una decisión dictada en primera instancia contraria a la pretensión de la República; 2.- que el órgano o ente contra quien obra el fallo, goce de dicha prerrogativa procesal; 3.-que no medie contra dicho fallo impugnación por parte del sujeto procesal agraviado. Ahora bien, se constata que el fallo proferido por la primera instancia se trata de una sentencia definitiva que resuelve el mérito del asunto controvertido; y asimismo, contraría las pretensiones del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), que goza de las prerrogativas y privilegios que la ley acuerda a la República Bolivariana de Venezuela, ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 15 numeral 1 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, concatenado con el artículo 100 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n° 6.147 Extraordinario de fecha 18 de diciembre de 2014.

PRIMERO: PROCEDENTE la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el 9 de agosto de 2016; SEGUNDO: CONFIRMA la decisión consultada, antes descrita que declaró NULA la Providencia Administrativa nº CJ-P-2014-0059, proferida el 26 de mayo de 2015, por la Presidencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud, y Seguridad Laborales (INPSASEL).