Sentencia N° 396 — Sala de Casación Social del TSJ, 28 de abril de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la admisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandante, Carlota de la Coromoto Reina Torrealba, contra la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo. La sentencia de alzada había revocado parcialmente el fallo de primera instancia que declaró con lugar la demanda de cobro de diferencias de prestaciones sociales. La Sala determinó que el recurso cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que fue admitido.

El recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, cuya admisibilidad requiere que se satisfagan las exigencias establecidas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal, o que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Además, es indispensable verificar la oportunidad de su interposición, pues la citada norma prevé un lapso preclusivo de cinco (5) días de despacho siguientes a la fecha en que se dictó la sentencia sujeta a revisión, para el ejercicio del recurso de control de la legalidad, así como la extensión del escrito, que no puede exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos. Determinado lo anterior, aprecia esta Sala que el recurso no ha sido intentado maliciosamente y que existen motivos racionales para interponerlo, por tanto, resulta forzoso admitir dicho recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, ciudadana Carlota de la Coromoto Reina Torrealba, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare, el 21 de enero de 2005. En consecuencia, a partir de la publicación del presente auto comenzará a transcurrir un lapso de veinte (20) días consecutivos, para que la sociedad mercantil demandada pueda ejercer su derecho a la defensa, mediante su contestación al recurso; y una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará el día y la hora en que se realizará la audiencia oral, pública y contradictoria.