Sentencia N° 391 Casación Social TSJ 2000: Joel Albornoz Jaramillo vs Banco Italo Venezolano C.A. — La inadmisibilidad de la…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró inadmisible la demanda interpuesta por el abogado Joel Albornoz Jaramillo contra el Banco Italo Venezolano C.A. por honorarios profesionales. La Sala encontró que se habían cometido graves alteraciones en las formas procesales, lo que llevó a la decisión de casación de oficio y sin reenvío de la sentencia recurrida. Se destacó que el procedimiento de intimación no era el adecuado para el cobro de honorarios cuando existía un contrato entre las partes.

Al examinar la decisión recurrida, la Sala encontró graves alteraciones de las formas procesales, que constituyen subversión del procedimiento establecido, por lo cual, en ejercicio de la facultad conferida en el cuarto aparte del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, conocerá de oficio del procedimiento seguido en la instancia. El abogado intimante acumuló en el libelo de demanda la estimación e intimación de honorarios profesionales causados en cuatro juicios diferentes y acompañó a su estimación copias simples de las actuaciones por él realizadas en esos cuatro juicios, en los cuales ejerció la representación del Banco Italo Venezolano C.A. El Juzgado de la causa al admitir la estimación de honorarios profesionales ordenó: 'En consecuencia, intímese a la parte antes identificada, para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días siguientes a la constancia en autos de su intimación (...) a fin de que pague o se acojan al derecho de retasa que la Ley de Abogados consagra en su artículo 22 de la vigente ley.' Notificado por correo el Banco intimado, en fecha 30 de marzo de 1999 su apoderado dio contestación esgrimiendo como defensa la existencia de un contrato de honorarios profesionales celebrado entre el Abogado, la Procuraduría General de la República y el Banco Italo Venezolano C.A., y en virtud de que se trata de un ente estatizado, en proceso de liquidación, habiendo pasado todos sus activos y pasivos al Estado, por intermedio de FOGADE, considera que se trata de un ente público a los que se refiere el artículo 26 de la Ley de Abogados, y solicita se acuerde la retasa obligatoria.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA DE OFICIO y SIN REENVÍO el fallo recurrido y en consecuencia declara inadmisible la demanda interpuesta. No hay condena en costas del recurso dada la naturaleza de esta decisión; ni tampoco de la instancia por no haber vencimiento, pues el demandante podrá iniciar su reclamación por las vías pautadas por la ley. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, o sea, el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Juzgado de origen ya mencionado, todo por aplicación analógica del artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.