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Resumen
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, decidió sobre un recurso de casación interpuesto por LUZ MARÍA ANTELIZ CANCHICA contra la decisión del Juzgado Superior Segundo del Trabajo, que había declarado sin lugar la apelación de la parte actora. La apelación se refería a la negativa de una medida cautelar de prohibición de enajenar un bien inmueble de la empresa demandada. La Sala analizó la aplicación del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que la decisión del juez de alzada fue correcta al no conceder la medida cautelar solicitada, ya que no se cumplían los requisitos necesarios para su procedencia.
Lo que ordenó la Sala
En virtud de las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 24 de febrero de 2000. Se impone las costas procesales del recurso a la parte actora por mandato de los artículos 274, y 320, del vigente Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al tribunal de la causa, o sea, al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas. Particípese esta remisión al Tribunal Superior de origen, todo de conformidad con el artículo 326 del Código de Procedimiento Civil.
El fundamento
La jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto al contenido y alcance que debe darse al artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, ha sostenido que dichas medidas tienen por objeto, fundamentalmente, el de operar como un medio que garantice la ejecución del fallo, ante la posibilidad de que pueda modificarse la situación patrimonial de las partes. En tal sentido, toda medida cautelar para que sea decretada es necesario que llene una serie de requisitos: 1) Que exista presunción de buen derecho, 2) Que la ejecución del fallo pueda quedar frustrada, y además para cada medida en particular, se requiere cumplir con el supuesto de hecho que se establece para cada uno de sus tipos. Es por ello, que para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible que exista riesgo real y comprobable de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Sobre este…
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… particular, estableció la Corte Suprema de Justicia, que: “En materia mercantil, al contrario de la civil, y vista la urgencia, los jueces mercantiles suelen decretar las medidas con la sola justificación de la urgencia, la cual a veces surge del propio libelo de la demanda. Esta es la situación excepcional del proceso mercantil, en cualquier otro proceso se debe alegar y probar los hechos que permitan convencer al juez de la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y que exista una presunción grave del derecho que se reclama, además de los hechos que exige cada medida preventiva...”
Palabras clave
recurso de casacionmedida cautelarprohibicion de enajenarbuen derechopericulum in moracodigo de procedimiento civiljurisprudenciaderechos laborales
Leyes y artículos que aplica
- Código de Procedimiento CivilArtículos 274, 313, 326, 585103.506 sentencias del TSJ citan esta norma
- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAArtículos 26, 25799.182 sentencias del TSJ citan esta norma
Otras decisiones de la Sala sobre casacion social
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Datos del expediente
Expediente00-162
PonenteOmar Alfredo Mora Díaz
Fecha de la decisión21 de septiembre de 2000
Tipo de recursoCasacion Social
MateriaLaboral
Parte actora / solicitanteLuz María Anteliz Canchica
Parte demandada / contraparteCOMPAÑÍAS ANÓNIMAS INMOBILIARIA GUIPUZCOA y CONSTRUCTORA MABRA
Documento oficialVer el PDF del TSJ
FuenteTexto oficial publicado por el Tribunal Supremo de Justicia.
ResumenGenerado con inteligencia artificial a partir del texto de la sentencia.
Base al 10-nov-2026181.157 sentencias y 848 leyes venezolanas.