Sentencia N° 355 — Sala de Casación Social del TSJ, 21 de mayo de 2003

La Sala de Casación Social del TSJ, presidida por el Magistrado Omar Alfredo Mora Díaz, decide sobre un recurso de control de legalidad interpuesto por la empresa demandada, BUNDY VENEZOLANA, C.A., contra una sentencia del Juzgado Superior Quinto del Trabajo que había declarado con lugar la demanda de prestaciones sociales presentada por el ciudadano José Enrique Estrada Mirabal. La Sala anula la sentencia recurrida, argumentando que la parte demandada no ajustó su conducta a lo prescrito en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, al no rechazar pormenorizadamente los conceptos reclamados por el actor. En consecuencia, la Sala declara parcialmente con lugar la demanda, ordenando a la empresa demandada el pago de salarios devengados y no pagados, así como otros conceptos laborales, y establece que el cálculo de los mismos se realizará mediante experticia complementaria. La Sala también aclara que los intereses moratorios deben calcularse conforme a la legislación laboral vigente y no a la civil, estableciendo criterios sobre la aplicación de tasas de interés en casos de mora por parte del patrono.

La Sala, en reiteradas oportunidades ha sostenido, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que el recurso de control de la legalidad debe estar referido a violaciones o amenaza de violación de normas de estricto orden público y aquellas decisiones que contravengan la reiterada doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social. Para el supuesto bajo estudio, no constata la Sala infracción o amenaza de violación de normas que informan al orden público procesal o de la Jurisprudencia reiterada, la cual debe ir más allá del criterio establecido en un caso concreto como lo pretende el recurrente, señalando inclusive fechas erradas de las decisiones indicadas, pues, se requiere para que sea considerada doctrina jurisprudencial, que sean razonamientos sostenidos prolongadamente en el tiempo, lo cual lleva a esta Sala a declarar improcedente esta denuncia. Así se decide. En virtud de los criterios expuestos, se declara procedente la ilegalidad de la sentencia recurrida. Así se decide.

1) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad propuesto por la empresa demandada, 2) ANULA la sentencia proferida por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 17 de octubre de 2002, y 3) PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA propuesta por el ciudadano José Enrique Estrada Mirabal, por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales. En consecuencia, se ordena a la empresa demandada BUNDY VENEZOLANA, C.A., pagarle al accionante los siguientes conceptos, que se determinarán mediante experticia complementaria del fallo que se ordena practicar: Salarios devengados y no pagados, en consideración a los beneficios conferidos en el Decreto Presidencial 123 publicado en Gaceta Oficial Nº 30.415 del 4 de Junio de 1974 y a la Ley General de Aumentos de Sueldos y Salarios, Salario Mínimo, Jubilación y Pensión de Vejez, Invalidez y Muerte publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 2.518 del 3 de Noviembre de 1979; diferencia por salarios caídos; diferencia por vacaciones; preaviso de conformidad con los artículos 28 y 35 de la Ley del Trabajo del 30 de junio de 1983; antigüedad legal conforme al artículo 37 eiusdem; cesantía conforme al artículo 39 de la señalada Ley; Bono compensatorio previsto en la Gaceta Oficial Nº 33.707 de fecha 29 de abril de 1987; viático por traslado, intereses sobre prestaciones sociales y, los intereses moratorios por concepto de antigüedad, conteste con los lineamientos up supra señalados.