Sentencia N° 326 — Sala de Casación Social del TSJ, 8 de abril de 2010

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, argumentando que la decisión recurrida no vulnera normas de orden público. Se destacó que el recurso no cumplía con los requisitos legales necesarios para su admisión, lo que llevó a la Sala a declarar su inadmisibilidad.

En el caso sub examine, arguye la representación judicial de la parte demandada recurrente, que el Juez de Alzada incurrió en el vicio de falta de aplicación de los artículos 277, 278, 279 y 280 de la Ley Orgánica del Trabajo, normas que regulan el régimen especial de trabajadores domésticos. En tal sentido, refiere que dichos preceptos legales estaban vigentes para el momento en que se inició el vínculo laboral, esto es, el 10 de octubre de 1997, y para la fecha de finalización, a saber, 11 de noviembre de 2008. No obstante lo anterior, el Juez de Alzada desaplicó dichas normas en virtud de que acogió el criterio sostenido por esta Sala de Casación Social, en sentencia Nº 522 de fecha 14 de abril de 2009 (caso: María Cristina Iglesias), relativo a la extensión de los beneficios establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo para los empleados ordinarios, a los trabajadores domésticos, criterio que resulta inaplicable al caso de autos, en virtud de que el mismo es posterior a la fecha de terminación del vínculo laboral, con lo cual, el ad quem infringió los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

En mérito de las anteriores consideraciones, esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte demandada ciudadano Franklin Goldenstein, contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 16 de noviembre de 2009. Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas.