Sentencia N° 324 — Sala de Casación Social del TSJ, 29 de mayo de 2013

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Primero Superior del Trabajo de Aragua. La decisión se basa en la falta de violación de normas de orden público y en el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales para la admisibilidad del recurso. Se argumenta que no se valoraron adecuadamente las pruebas presentadas por la parte recurrente, pero se concluye que la decisión impugnada se ajusta a derecho.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En este orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos sub iudice, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad del recurso presentado, observando: En el caso bajo estudio, denuncia la parte actora recurrente la violación por parte de la recurrida del principio de preeminencia de la realidad de los hechos sobre las formas o apariencias, previsto en el artículo 89, ordinal 1°, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en los artículos 2, 5 y 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, toda vez que no se valoraron las pruebas marcadas “A”, “A1”, “B”, “C1” y “C2”, que constituyen: un contrato de trabajo de fecha 10 de marzo de 2011, suscrito por el ciudadano Julio Martínez, en su carácter de Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, reconocido por el codemandado Alí Cambero; una nota de débito interna de la compañía de fecha 18 de agosto de 2011, emanada de la empresa demandada y pagada al codemandado Alí Cambero; y finalmente unas copias de recibos identificados con los Nros. 3541 y 4204 de fechas 8 de abril de 2011 y 15 de abril de 2011, respectivamente, emanados de la empresa demandada y pagados al codemandado Alí Cambero; por cuanto “solo se trata de un contrato con el señor Alí Cambero como contratista”; “se trata del pago de una valuación con este contratista”, “se trata de un pago realizado al ciudadano Alí Cambero”, “solo son recibos de pago emanados de la Constructora Amaranta al ciudadano Alí Cambero, por valuaciones de obras” y por ende en nada contribuían al esclarecimiento de los hechos controvertidos, evidenciándose solo una relación entre las partes codemandadas.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte actora, contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2012, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.