Sentencia N° 301 Casación Social TSJ 2000: Darío Salazar García vs Olympia de Venezuela, C.A. — Cobro de prestaciones sociales

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Superior Quinto del Trabajo, que había declarado parcialmente con lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales presentada por el ciudadano Darío Salazar García. La Sala argumenta que la relación laboral entre el demandante y la empresa demandada se mantuvo vigente hasta el 29 de enero de 1993, a pesar de la carta de renuncia presentada por el trabajador en 1983, ya que la demandada admitió que la prescripción debía computarse a partir de 1990, lo que implica el reconocimiento de la relación laboral hasta esa fecha.

La Sala desaplica la regla legal del artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a resolver en primer término y en forma excluyente el recurso de forma, para asumir la función de determinar, en cada caso concreto, cuál es el orden de decisión que mejor sirve a los fines de hacer efectiva justicia. Se establece que la relación laboral entre el actor y la empresa demandada se inició el 7 de junio de 1982 y culminó el 29 de enero de 1993, a pesar de la carta de renuncia presentada por el trabajador, ya que la demandada admitió que la prescripción debía computarse a partir del 1 de marzo de 1990. La Sala concluye que la relación de trabajo se mantuvo vigente y que la decisión del Juzgado Superior fue correcta al declarar parcialmente con lugar la demanda.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el presente recurso de casación, formalizado contra la sentencia de fecha 30 de septiembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se condena a la recurrente en las costas del recurso, tal como lo disponen los artículos 274 y 320 del Código de Procedimiento Civil.