Sentencia N° 270 Casación Social TSJ 2000: Instituto de Aseo Urbano Para el Área… — Prestaciones sociales

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 13 de julio de 2000, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos tanto por la parte actora como por la Procuraduría General de la República. La sentencia se basa en la falta de cumplimiento del procedimiento administrativo previo y en la consideración de que la parte demandante no había apelado la decisión de primera instancia que excluyó el pago de intereses sobre las prestaciones sociales. La Sala enfatiza la importancia de la justicia laboral y el derecho de acceso a la justicia, pero también la necesidad de cumplir con los requisitos legales establecidos para la admisión de demandas contra entes públicos.

La formalización, arriba transcrita, carece de fundamentación que permita su decisión por esta Sala, pues se atribuye a la recurrida la infracción de numerosas disposiciones legales, sin expresar en la mayoría de ellas, las razones por las cuales las considera infringidas. Por otra parte, mezcla errores que atribuye al Juez de alzada, con la alegación de que el Juez a-quo no debió admitir la demanda. Una denuncia de quebrantamiento de formas procesales en menoscabo del derecho de defensa no puede limitarse a señalar como infringidas disposiciones procesales, pues es forzoso que se denuncie infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y no de la disposición Constitucional, y de atribuirse algún error al Juez de primera instancia es necesaria la denuncia de infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por los Abogados Sustitutos del Procurador General de la República, y SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Se exime a ambos recurrentes del pago de las costas, la República, por gozar tanto ésta como el Instituto demandado, de privilegio y la parte actora, por considerar que tuvo motivos racionales para recurrir.