Sentencia N° 269 Casación Social TSJ 2000: VÍCTOR RAFAEL PÉREZ OJEDA y VÍCTOR ALFREDO… vs Instituto de Aseo Urbano Para el Área…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 13 de julio de 2000, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por la Procuraduría General de la República y por la parte actora, en un caso relacionado con el cobro de prestaciones sociales. La Sala consideró que no se había cumplido con el procedimiento administrativo previo requerido para demandar a la República, lo que llevó a la desestimación de las alegaciones de infracción de ley y defectos de actividad. La decisión reafirma la importancia de seguir los trámites establecidos para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos laborales.

La formalización arriba transcrita, carece de fundamentación que permita su decisión por esta Sala, pues se atribuye a la recurrida la infracción de numerosas disposiciones legales, sin expresar en la mayoría de ellas, las razones por las cuales las considera infringidas. Por otra parte, mezcla errores que atribuye al Juez de alzada, con la alegación de que el Juez a quo no debió admitir la demanda. Una denuncia de quebrantamiento de formas procesales en menoscabo del derecho de defensa no puede limitarse a señalar como infringidas disposiciones procesales, pues es forzoso que se denuncie infracción del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y no de la disposición Constitucional, y de atribuirse algún error al Juez de primera instancia es necesaria la denuncia de infracción del artículo 208 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por los Abogados Sustitutos del Procurador General de la República, y SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora. Se exime a ambos recurrentes del pago de las costas, la República, por gozar tanto ésta como el Instituto demandado, de privilegio y la parte actora, por considerar que tuvo motivos racionales para recurrir.