Sentencia N° 256 Casación Social TSJ 2000: Andrea Avelina Sayas, Nieves Margarita Uribe… vs Instituto de Aseo Urbano Para el Área…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró con lugar la demanda interpuesta por un grupo de trabajadores contra el Instituto de Aseo Urbano para el Área Metropolitana de Caracas, en relación a diferencias en el pago de prestaciones sociales. La Sala consideró que la decisión de la Alzada de excluir ciertos días de indexación era ajustada a derecho, y que la República debía cancelar a los demandantes las sumas adeudadas por conceptos contractuales y prestaciones sociales, excluyendo la cantidad solicitada por concepto de indexación.

La Sala, para decidir, observa: La facultad para aplicar la indexación monetaria de oficio a los juicios laborales a partir de la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de marzo de 1993, caso Camillius Lamorell contra la empresa Machinery Care y otro, con ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, tiene como finalidad corregir la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones del trabajador se traduzca en ventaja del moroso, y el daño del sujeto legalmente protegido con derecho a ellas, siempre y cuando el retardo procesal no sea imputable a las partes o por hechos fortuitos o fuerza mayor, tal como fue establecido posteriormente en sentencia Nº 414, de la misma Sala, de fecha 28 de noviembre de 1996, caso Mario González contra Viajes Venezuela, en la cual se señaló: “... Es importante tener presente que el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el trabajador vencedor en la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier grado y estado del mismo. De allí que sólo debe excluirse del cálculo de la corrección monetaria las circunstancias señaladas...”. (cursiva de esta Sala). Así tenemos que, en el presente caso, el Juez de la Alzada consideró que habiendo la parte actora solicitado en varias oportunidades la suspensión del procedimiento, no debían computarse tales días a los fines del cálculo de la corrección monetaria del monto a pagar por la República; este criterio es cónsono con la doctrina antes transcrita y que esta Sala de Casación Social acoge plenamente, pues si bien es cierto que se pretende evitar el retardo malicioso del proceso en detrimento del trabajador, también lo es el hecho de que no puede castigarse al demandado por un retraso que no le es imputable, menos aun cuando, como en el presente caso, la causa estuvo paralizada por solicitud de la parte actora, quien mal puede ahora pretender que ese lapso también le sea computado para el cálculo de la corrección monetaria, aduciendo para ello que la suspensión no cumplió con los requisitos del Parágrafo Segundo del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (ACCIDENTAL), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora contra la sentencia de fecha 28 de julio de 1999, dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio por diferencia de prestaciones sociales que siguen los ciudadanos ANDREA AVELINA SAYAS, NIEVES MARGARITA URIBE VILLALOBOS, ROSALÍA DEL CARMEN URIBE VILLALOBOS, JORGE ISAAC URIBE VILLALOBOS, DIMAS GUILLERMO MARTÍNEZ, ANTONIO ARCADIO THOMAS, MARIO CASTALDO BRISETTI, RUBÉN DARÍO PÉREZ CAÑIZALES, FRANCISCO ANTONIO ARÉVALO, VÍCTOR JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ, JUAN DE DIOS ALFONZO LÓPEZ, WILLIAMS ENRIQUE PEÑA ÁVILA, RÓMULO CELESTINO ANATO LEDEZMA, CARMEN RAMONA MONTILLA VALECILLOS, EDGAR ENRIQUE CASTILLO QUINTANA, ANGEL TOBÍA VALERO, RAÚL RAMÍREZ GARCÍA, INESITA MOFFI DE SHERIFF, GILBERTO RODRÍGUEZ, MANUEL ANTONIO ROSALES y ÁNGEL CUSTODIO RIVAS contra el hoy extinto INSTITUTO DE ASEO URBANO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (I.M.A.U.), 2.) PERECIDO el recurso de casación anunciado por la representante de la Procuraduría General de la República contra la referida sentencia. 3.) CASA DE OFICIO Y SIN REENVÍO el fallo recurrido. En consecuencia, se ANULA el referido fallo y se declara CON LUGAR la demanda interpuesta, por lo que se ORDENA a la República, por intermedio del Ministerio de Finanzas, cancelar a los citados demandantes, la sumatoria de las cantidades señaladas en el libelo de la demanda por conceptos contractuales de beca de estudio, descanso trabajado, excursiones, dotación de ropa, leche, comida para los trabajadores, bono compensatorio de transporte, incidencia en las percepciones variables, toallas y jabones, lavado de uniformes y programas de comedores y, por diferencia de prestaciones sociales referida al preaviso, antigüedad, bonificación de fin de año, vacaciones fraccionadas, vacaciones vencidas y “fideicomisos” (intereses sobre derechos adquiridos) de los años 91 y 92, excluyendo la cantidad solicitada por concepto de indexación, a lo cual deberá restársele el monto recibido por adelanto prestaciones sociales, excluyéndose además la cantidad pagada en fecha 25 de febrero de 1998. Todo lo cual, deberá establecerse por experticia complementaria del fallo, que al efecto ordenará realizar el Juzgado de la causa al momento de la ejecución de esta sentencia. 4.) Se ORDENA al Tribunal de la causa que al momento de la ejecución del fallo, realice la corrección monetaria sobre el monto que fue pagado a los trabajadores, en el curso del proceso, desde la fecha de admisión de la demanda, el día 23 de septiembre de 1993, hasta el día 25 de febrero de 1998, fecha en que fue cancelado dicho monto, excluyendo el lapso de ciento ochenta (180) días durante los cuales estuvo suspendido el proceso en las fechas y por el tiempo siguiente: el 4 de octubre de 1996, por treinta (30) días, el 27 de mayo de 1997, por veinte (20) días, el 27 de junio de 1997, por veinte (20) días, el 19 de diciembre de 1997, por veinte (20) días, el 9 de febrero de 1998, por treinta (30) días y el 10 de marzo de 1998, por sesenta (60) días; y sobre la cantidad restante del monto demandado, desde la fecha de admisión de la demanda hasta el día de la ejecución del fallo, excluyendo igualmente los ciento ochenta días (180) antes referidos, para lo cual deberá oficiar al Banco Central de Venezuela solicitando un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país en los lapsos antes indicados. 5.) Se ORDENA al Juzgado de la causa que, al momento del pago definitivo del monto ordenado cancelar a los trabajadores, en la sentencia recurrida, supervise y verifique que el mismo se le haga a cada uno de ellos en forma completa e individual. No hay condenatoria en costas, ya que tanto la República como el Instituto demandado gozan del privilegio de exoneración de las mismas y, se considera que la parte actora tuvo motivos racionales para recurrir, conforme al artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la condena en costas del recurso será obligatoria en caso de desistimiento o cuando se le deje perecer, lo cual no es el supuesto bajo decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal de la causa, es decir, al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y, envíese copia de la sentencia al Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial.