Sentencia N° 255 — Sala de Casación Social del TSJ, 11 de marzo de 2008

TSJ/SCS, Sent. N° 0255, Exp. 07-737, 11/03/2008
Expediente07-737
PonenteALFONSO VALBUENA CORDERO
MateriaLaboral
Tipo de recursoCasacion Social
Fecha de la decisión2008-03-11
DecisiónPARCIALMENTE CON LUGAR

Resumen

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por la parte demandada, Avon Cosmetics de Venezuela, contra un fallo del Juzgado Superior Primero del Trabajo que había declarado sin lugar las apelaciones de ambas partes. La Sala analizó la aplicación de los artículos 65 y 72 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concluyendo que la relación entre la demandante y la demandada era de naturaleza laboral, a pesar de los argumentos de la parte demandada que sostenía que se trataba de una relación mercantil.

Extracto de la motiva

Con fundamento en el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se denuncia la infracción, por la recurrida, del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, por falsa aplicación. Aduce el formalizante: Casación de Fondo conforme al segundo supuesto contemplado en el ordinal segundo (2°) del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, conforme al cual procede el Recurso de Casación cuando en la sentencia se haya aplicado falsamente una norma jurídica. Por ello denuncio infracción del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. Artículos Infringidos. Las normas en conjunto cuya falsa aplicación realizó el Juez, a juicio de quien formaliza, son las contenidas en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo sobre la presunción de la existencia de una relación de trabajo y 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo sobre la Carga de la prueba. Fundamento en el que se apoya la denuncia. La decisión recurrida, expresa: ... circunscribe el presente litigio a la calificación jurídica de la relación que fundamentaba dicha prestación -que a decir de la parte accionada- era de naturaleza mercantil, por lo que le corresponde a la accionada desvirtuar la presunción de laboralidad invocada por la actora en su libelo de demanda, esto es demostrar que la prestación del servicio personal desarrollado por la actora no era de índole laboral, mediante la demostración de la existencia de un hecho o conjunto de hechos que permitan desvirtuar la existencia del vínculo laboral alegado por esta, por no cumplirse y no estar presente las condiciones de existencia de las relaciones laborales establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo. (Subrayado nuestro). (sic). La decisión transcrita implica que la Alzada incurre en FALSA APLICACIÓN, asumiendo que corresponde a la accionada desvirtuar la presunción de laboralidad invocada por la actora, cuando la carga de la prueba implica todo lo contrario.

Dispositiva

Dada la procedencia de la delación analizada en el capítulo tercero de esta sentencia, esta Sala declara con lugar el recurso de casación anunciado por la parte demandada. Ahora bien, dado lo puntual de la infracción detectada y visto que en el presente asunto los hechos fueron soberanamente establecidos por el sentenciador superior, por cuanto resolvió la controversia ajustada a derecho y acorde a la equidad y la justicia, esta Sala ANULA en parte el fallo impugnado dictado por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Territorial Puerto Ordaz, en fecha 13 de junio del año 2006, específicamente en lo que se refiere a la condena del pago de las indemnizaciones contempladas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo por las razones expresadas precedentemente, lo cual queda sin efecto. En consecuencia, se CONFIRMA el resto de la sentencia dictada por la alzada que resolvió el fondo de la presente controversia y declaró PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCIÓN.

Palabras clave

relación laboralcobro de prestacionesfalsa aplicacióncarga de la pruebapresunción de laboralidadcontrato mercantilindemnizaciónjurisprudencia

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