Sentencia N° 255 Casación Social TSJ 2000: JOSEFINA DEL CARMEN LINARES DE HERNÁNDEZ… vs Instituto de Aseo Urbano Para el Área…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por los demandantes en un juicio por diferencias de prestaciones sociales. La sentencia de primera instancia fue confirmada, y se consideró que la exclusión de ciertos días de indexación en el cálculo de las prestaciones era ajustada a derecho, dado que la paralización del proceso fue solicitada por la parte actora. Además, se desestimaron las denuncias sobre la falta de condena en costas, ya que tanto la República como el Instituto demandado gozan de privilegio de exoneración de las mismas.

La Sala, para decidir, observa: La facultad para aplicar la indexación monetaria de oficio a los juicios laborales a partir de la sentencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 17 de marzo de 1993, caso Camillius Lamorell contra la empresa Machinery Care y otro, con ponencia del Magistrado Rafael Alfonzo Guzmán, tiene como finalidad corregir la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones del trabajador se traduzca en ventaja del moroso, y el daño del sujeto legalmente protegido con derecho a ellas, siempre y cuando el retardo procesal no sea imputable a las partes o por hechos fortuitos o fuerza mayor, tal como fue establecido posteriormente en sentencia Nº 414, de la misma Sala, de fecha 28 de noviembre de 1996, caso Mario González contra Viajes Venezuela, en la cual se señaló: “... Es importante tener presente que el riesgo de la demora judicial no puede ser descargado sobre el trabajador vencedor en la causa, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación, y que siempre pudo poner fin al proceso en cualquier grado y estado del mismo. De allí que sólo debe excluirse del cálculo de la corrección monetaria las circunstancias señaladas...”. (cursiva de esta Sala). Así tenemos que, en el presente caso, el Juez de la Alzada consideró que habiendo la parte actora solicitado en varias oportunidades la suspensión del procedimiento, no debían computarse tales días a los fines del cálculo de la corrección monetaria del monto a pagar por la República; este criterio es cónsono con la doctrina antes transcrita y que esta Sala de Casación Social acoge plenamente, pues si bien es cierto que se pretende evitar el retardo malicioso del proceso en detrimento del trabajador, también lo es el hecho de que no puede castigarse al demandado por un retraso que no le es imputable, menos aun cuando, como en el presente caso, la causa estuvo paralizada por solicitud de la parte actora, quien mal puede ahora pretender que ese lapso también le sea computado para el cálculo de la corrección monetaria, aduciendo para ello que la suspensión no cumplió con los requisitos del Parágrafo Segundo del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (ACCIDENTAL), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora contra la sentencia de fecha 4 de noviembre de 1999, dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio por diferencia de prestaciones sociales que siguen los ciudadanos JOSEFINA DEL CARMEN LINARES DE HERNÁNDEZ, ANTONIO JOSÉ BRAVO CARTAYA, JOSÉ RAFAEL MARTÍNEZ LUGO y JOSÉ ANTONIO CISNEROS, contra el hoy extinto INSTITUTO DE ASEO URBANO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (I.M.A.U.), 2.) PERECIDO el recurso de casación anunciado por la representante de la Procuraduría General de la República contra la referida sentencia, y 3.) Se ORDENA al Juzgado de la causa que, al momento del pago definitivo del monto ordenado cancelar a los trabajadores, en la sentencia recurrida, supervise y verifique que el mismo se le haga a cada uno de ellos en forma completa e individual.