Sentencia N° 250 Casación Social TSJ 2000: Dorila Josefina Ruiz y Luis Orlando Castro vs Instituto de Aseo Urbano Para el Área…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 13 de julio de 2000, declaró sin lugar los recursos de casación interpuestos por los demandantes y la Procuraduría General de la República en un juicio por diferencias de prestaciones sociales. La Sala determinó que la sentencia de alzada había sido correcta al no considerar la existencia de una transacción válida entre las partes, dado que no se cumplían los requisitos establecidos por la Ley Orgánica del Trabajo para su homologación. Además, se destacó que el Instituto de Aseo Urbano, demandado en el juicio, había sido correctamente identificado y que la falta de contestación a la demanda por parte del mismo implicaba la aceptación de los hechos alegados por los demandantes.

En el presente caso, esta Sala de Casación Social, en aplicación del criterio transcrito, entrará a examinar las denuncias de fondo atribuidas a la sentencia impugnada, antes de conocer de los vicios de forma que se le imputan, pues al pronunciarse sobre el fondo de la controversia garantiza a las partes una justa resolución de la controversia, expedita y sin dilaciones indebidas. La Sala, para decidir, observa: Acogiendo la doctrina de la Sala de Casación Civil en lo referente a la suposición falsa como vicio del fallo y dado el desconocimiento demostrado por la recurrente de la técnica de formalización de este vicio, y sin que ello evite un pronunciamiento de fondo con respecto a esta denuncia, resulta necesario indicar: por cuanto la falsa suposición constituye un vicio de juzgamiento configurativo de un error facti in iudicando de hecho propiamente dicho, se precisa encuadrar la denuncia en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 320 eiusdem; debe indicarse cuál fue el hecho positivo, particular y concreto que se dio por demostrado sin el apropiado respaldo probatorio; tiene que especificarse cuál de las tres sub-hipótesis del citado artículo 320 se trata; además de ello, señalar los preceptos o normas jurídicas que se utilizaron o se dejaron de utilizar en la recurrida, como resultado de tal suposición y; finalmente, explicar las razones por las cuales la falta denunciada fue determinante en el dispositivo del fallo.

En fuerza de las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (ACCIDENTAL), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la parte actora contra la sentencia de fecha 30 de julio de 1999, dictada por el Juzgado Superior Sexto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio por diferencia de prestaciones sociales que siguen los ciudadanos DORILA JOSEFINA RUIZ Y LUIS ORLANDO CASTRO, contra el hoy extinto INSTITUTO DE ASEO URBANO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS (I.M.A.U.), 2.) SIN LUGAR el recurso de casación anunciado por la representante de la Procuraduría General de la República contra la referida sentencia, y 3.) Se ORDENA al Juzgado de la causa que, al momento del pago definitivo del monto ordenado cancelar a los trabajadores, en la sentencia recurrida, supervise y verifique que el mismo se le haga a cada uno de ellos en forma completa e individual.