Sentencia N° 237 Casación Social TSJ 2000: Nerio Zerpa Urdaneta vs Compañía Anónima Nacional Telefonos de…
TSJ/SCS, Sent. N° 237, Exp. 00-056, 11/07/2000 · 11 de julio de 2000
Expediente00-056
Parte actora / solicitanteNERIO ZERPA URDANETA
Parte demandada / contraparteCOMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA C.A (C.A.N.T.V.)
PonenteALBERTO MARTINI URDANETA
MateriaLaboral
Tipo de recursoCasacion Social
Fecha de la decisión2000-07-11
DecisiónCASA DE OFICIO Y CON REENVIO la sentencia dictada en fecha 01 de octubre de 1.999
Resumen
La Sala de Casación Social se pronunció sobre un recurso de casación interpuesto por el demandante, NERIO ZERPA URDANETA, contra la decisión del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo que declaró sin lugar la apelación y confirmó la decisión apelada. La Sala analizó la naturaleza jurídica de la jubilación y la problemática que de ella se deriva, concluyendo que la jubilación es irrenunciable, pero la acción para reclamarla es prescriptible. Se estableció que el derecho a la jubilación especial prescribe en tres años, y que el trabajador tiene derecho a escoger entre recibir una cantidad de dinero o acogerse a la jubilación, siendo esta elección válida siempre que no esté viciada por error, violencia o dolo.
Extracto de la motiva
La jubilación como institución, derivó de una necesidad que aún es actual, el hombre desde finales del siglo XIX, coadyuvado por la ciencia, ha mejorado su calidad de vida, lo que se ha visto reflejado en un aumento progresivo de su expectativa de vivir, por lo que puede decirse que la población está envejeciendo. Tal circunstancia hizo nacer asociaciones fraternales o benévolas que tuvieron como objeto prestar ayuda a los más necesitados, mutualidades, montepíos, que luego se fueron transformando en sindicatos y aseguradoras. Es así como en muchos países la jubilación como beneficio tuvo su génesis en las convenciones colectivas de trabajo, al principio por razones filantrópicas y últimamente reconocida como un derecho, de allí que las partes tengan la necesidad de negociar y plasmar por escrito lo referido a sus requisitos, condiciones, modalidades de ejecución y financiamiento. Se está ante una institución que tiene por objeto proporcionar a los trabajadores, durante su vejez (o incapacidad), un ingreso periódico que cubra sus gastos de subsistencia. La mayor parte de la normativa y planes de jubilación exigen a los aspirantes llegar a determinada edad, calificada como la normal para el retiro; haber prestado servicios durante un número especifico de años, o su incapacidad permanente y total. “El derecho del trabajo no puede contentarse con ofrecer al hombre una existencia digna en tanto pueda trabajar, para olvidarse después; esta actitud era propia del derecho civil, cuando el trabajo era estimado una mercancía intercambiable por dinero; el derecho del trabajo requiere resolver integralmente el problema humano, exige del hombre una labor útil y honesta y, a cambio de ella, le ofrece la seguridad de su presente y futuro. El derecho del trabajo tiene hoy un fundamento nuevo: El trabajo es un deber social, pero es fuente del derecho humano y éste consiste, en primer término, en el derecho a la existencia; por eso el derecho del trabajo tiene que asegurar la existencia del hombre, en el presente y en el futuro”. (Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, pág. 183).
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social (Accidental), administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO Y CON REENVIO la sentencia dictada en fecha 01 de octubre de 1.999 por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia se ordena al Tribunal Superior competente que conozca en reenvío, dictar nueva sentencia con sujeción a la doctrina aquí establecida. No hay pronunciamiento sobre costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.