Sentencia N° 2150 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de diciembre de 2006

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 15 de diciembre de 2006, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por Sandy Enrique Chirinos contra la sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo del Estado Zulia. La Sala argumentó que el recurso no cumplía con las exigencias establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente en relación a la naturaleza excepcional del mismo y a la falta de violación a disposiciones de orden público o a la jurisprudencia reiterada de la Sala. La parte recurrente alegó que el Juez de Alzada había infringido varios artículos de la Constitución y de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como sentencias anteriores de la Sala. Sin embargo, tras un exhaustivo análisis, la Sala concluyó que no se constató la violación a las normas mencionadas, lo que llevó a la decisión de inadmisibilidad del recurso. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior de origen, sin condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión.

El recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, por tanto, deben cumplirse a los fines de asegurar su admisibilidad, con las exigencias enunciadas en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a saber: 1) Que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales; 2) que éstas no sean impugnables en casación; 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal y/o 4) que resulten contrarias a la jurisprudencia reiterada de esta Sala de Casación Social. Asimismo, tratándose como antes se expresó, de un recurso de naturaleza extraordinaria, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la admisibilidad del mismo, especialmente en aquellas circunstancias donde se pretenda la violación de disposiciones de orden público o de jurisprudencia reiterada de esta Sala. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaben el debido proceso y derecho a la defensa. En el caso bajo estudio, denuncia la parte recurrente la infracción por parte del Juez de Alzada de los artículos 26, 49, 89 cardinal 3, 93, 254, 257 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 5, 6, 8, 9 y 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículos 39, 65, 116 y 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, artículos 5 y 59 de la Ley Orgánica del Trabajo, y el artículo 94 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República; así como la contravención a la reiterada doctrina de esta Sala, mencionando las sentencias Nros. 27 y 0131, de fechas 5 de febrero de 2002 y 15 de marzo de 2005, pues aduce el recurrente, no debió declararse la perención de la instancia, dado que la parte actora realizó en tiempo oportuno todas las actuaciones necesarias y a su alcance para impulsar la presente causa.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de Control de la Legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2006, proferida por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.