Sentencia N° 197 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de marzo de 2016

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 10 de marzo de 2016, declaró SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por Fadi Kallab Yunis contra la decisión del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de Carabobo, que había confirmado la decisión de un juzgado inferior que declaró sin lugar la pretensión de cobro de prestaciones sociales. La Sala consideró que el Juzgado Superior actuó conforme a derecho al interpretar y aplicar el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, desestimando la denuncia de falsa aplicación de la ley presentada por el recurrente.

La falsa aplicación de la ley consiste en una incorrecta elección de la norma jurídica aplicable, lo que normalmente se traduce en una omisión de la norma jurídica que debió ser aplicada. Respecto al artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), que se delata como infringido por falsa aplicación, la recurrida dispuso: […] no hay en el presente proceso reconocimiento de la demandada acerca de una prestación de servicios a su favor por parte de el actor, y así mismo que lo habido es una negativa absoluta a la existencia de una relación laboral, claro queda que no se activó la presunción de laboralidad del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, que hubiera invertido la carga de la prueba en cabeza de la demandada, por lo que es a la parte actora que correspondía demostrar su alegato de simulación […].

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación ejercido por el ciudadano Fadi Kallab Yunis, contra la decisión emanada del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, de 17 de junio de 2014. SEGUNDO: CONFIRMA el fallo recurrido. Se condena en costas del recurso a la parte actora, de conformidad con lo previsto en los artículos 175 y 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.