Sentencia N° 192 Casación Social TSJ 2000: Ana Josefa Rosa Salcedo vs Compañía Anónima Nacional Teléfonos de…
TSJ/SCS, Sent. N° 192, Exp. 00-067, 19/06/2000 · 19 de junio de 2000
Expediente00-067
Parte actora / solicitanteANA JOSEFA ROSA SALCEDO
Parte demandada / contraparteCOMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA C.A. (C.A.N.T.V.)
PonenteALBERTO MARTINI URDANETA
MateriaLaboral
Tipo de recursoCasacion Social
Fecha de la decisión2000-06-19
DecisiónCASA DE OFICIO CON REENVÍO
Resumen
La Sala de Casación Social del TSJ, en su fallo, aborda el recurso de casación interpuesto por la ciudadana Ana Josefa Rosa Salcedo contra la decisión del Juzgado Superior Primero del Trabajo, que declaró sin lugar la apelación sobre su demanda de jubilación especial. La Sala analiza la irrenunciabilidad del derecho a la jubilación y la prescriptibilidad de la acción para reclamarla, concluyendo que la acción prescribe en tres años, salvo que se demuestre vicio en el consentimiento al optar por un pago adicional en lugar de la jubilación. Se establece que la decisión de la demandante fue influenciada por un error excusable, lo que vicia su voluntad y permite la reclamación de la jubilación especial.
Extracto de la motiva
La jubilación como institución, derivó de una necesidad que aún es actual, el hombre desde finales del siglo XIX, coadyuvado por la ciencia, ha mejorado su calidad de vida, lo que se ha visto reflejado en un aumento progresivo de su expectativa de vivir, por lo que puede decirse que la población está envejeciendo. Tal circunstancia hizo nacer asociaciones fraternales o benévolas que tuvieron como objeto prestar ayuda a los más necesitados, mutualidades, montepíos, que luego se fueron transformando en sindicatos y aseguradoras. Es así como en muchos países la jubilación como beneficio tuvo su génesis en las convenciones colectivas de trabajo, al principio por razones filantrópicas y últimamente reconocida como un derecho, de allí que las partes tengan la necesidad de negociar y plasmar por escrito lo referido a sus requisitos, condiciones, modalidades de ejecución y financiamiento. Se está ante una institución que tiene por objeto proporcionar a los trabajadores, durante su vejez (o incapacidad), un ingreso periódico que cubra sus gastos de subsistencia. La mayor parte de la normativa y planes de jubilación exigen a los aspirantes llegar a determinada edad, calificada como la normal para el retiro; haber prestado servicios durante un número especifico de años, o su incapacidad permanente y total. “El derecho del trabajo no puede contentarse con ofrecer al hombre una existencia digna en tanto pueda trabajar, para olvidarse después; esta actitud era propia del derecho civil, cuando el trabajo era estimado una mercancía intercambiable por dinero; el derecho del trabajo requiere resolver integralmente el problema humano, exige del hombre una labor útil y honesta y, a cambio de ella, le ofrece la seguridad de su presente y futuro. El derecho del trabajo tiene hoy un fundamento nuevo: El trabajo es un deber social, pero es fuente del derecho humano y éste consiste, en primer término, en el derecho a la existencia; por eso el derecho del trabajo tiene que asegurar la existencia del hombre, en el presente y en el futuro” (Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, pág. 183). En Venezuela el primer cuerpo normativo que reguló este aspecto de la Seguridad Social fue la Ley de Pensiones promulgada el 13-07-28, aplicable a los trabajadores del sector público, la cual no tuvo vigencia en la práctica. De allí que al margen de ésta fueran apareciendo textos normativos de diversa jerarquía (decretos, resoluciones, actos de efectos particulares) con otros sistemas de previsión social más favorables.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, (Accidental) administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA DE OFICIO CON REENVÍO la sentencia dictada en fecha 30 de Noviembre de 1.999 por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia se ordena al Tribunal Superior competente que conozca en reenvío, dictar nueva sentencia con sujeción a la doctrina aquí establecida. No hay pronunciamiento sobre costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Tribunal Superior de origen, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.