Sentencia N° 1768 — Sala de Casación Social del TSJ, 12 de noviembre de 2009

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la admisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandada en un juicio de cobro de diferencias de acreencias laborales. La sentencia de alzada había declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación, lo que motivó la impugnación por ambas partes. La Sala analizó los argumentos presentados por la demandada, quienes denunciaron infracciones a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en relación con la carga de la prueba y la continuidad de la relación laboral.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, una vez vencido el lapso que otorga la ley para la publicación de la sentencia in extenso, conteste con el artículo 165 eiusdem y el criterio establecido en sentencia N° 569 del 29 de abril de 2008 (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Milenium, C.A.); y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y al respecto observa: En el presente caso, la demandada recurrente denuncia que el juzgador ad quem infringió el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por falta de aplicación, al distribuir incorrectamente la carga de la prueba; al respecto aduce que, conteste con la norma citada, la carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos como fundamento de su pretensión, o a quien los contradiga alegando nuevos hechos; por tanto, si el actor alega que trabajó durante el período de vacaciones, debió demostrar tal hecho. Adicionalmente, delata la impugnante que el sentenciador de la recurrida infringió el artículo 74 de la Ley Orgánica del Trabajo, toda vez que omitió indicar las razones de derecho que le permitieron establecer la continuidad de la relación laboral. En este orden de ideas, sostiene la recurrente que entre las partes existieron contratos de trabajo a tiempo determinado, y que siempre transcurrió un lapso mínimo de un (1) mes, entre el contrato que finalizaba en el mes de diciembre de cada año y el suscrito al inicio del año siguiente; e inclusive, entre el último contrato del año 1997 y el primero del año 1998, transcurrieron cuatro (4) meses.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la demandada, contra la sentencia de fecha 7 de mayo de 2009, emanada del Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, a partir de la publicación del presente auto comenzará a correr un lapso de veinte (20) días calendarios consecutivos, para que la otra parte consigne su contestación al recurso. Una vez concluida la sustanciación, la Sala fijará el día y la hora para que tenga lugar la audiencia pública y contradictoria.