Sentencia N° 1693 — Sala de Casación Social del TSJ, 14 de diciembre de 2010

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Ewin Alberto Molina Amaya contra una decisión del Juzgado Tercero Superior del Trabajo de Carabobo. La sentencia recurrida había declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación de la parte actora y de la parte demandada, modificando la decisión anterior del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. El Tribunal analizó los argumentos del recurrente y determinó que la decisión impugnada se ajustaba a derecho, sin violaciones a normas de orden público, por lo que declaró inadmisible el recurso.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: Denuncia el impugnante que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en los artículos 133, 508 de la Ley Orgánica del Trabajo y 3 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como la no aplicabilidad de la “cláusula 01 en su numeral 16, de la contratación colectiva que ampara a los trabajadores de C.A. ELECTRICIDAD DE VALENCIA (ELEVAL) y EL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA C.A. ELECTRICIDAD DE VALENCIA, vigente para el periodo 2006-2009”. En este orden de ideas, arguye que la recurrida no obstante haber valorado las pruebas “aportadas por la recurrente contentivas de los recibos de pago”, obvió al determinar el salario que sirve de base para el cálculo de los beneficios laborales peticionados, establecer los conceptos que lo integran. Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por el recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por el accionante, contra la sentencia proferida el 30 de junio de 2009 por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.