Sentencia N° 163 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de marzo de 2017

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por la ciudadana Ketty del Marrero Betancourt contra una sentencia del Juzgado Segundo Superior del Trabajo. La parte actora alegó que la decisión recurrida contrarió la doctrina jurisprudencial de la Sala, específicamente en relación al cálculo de días de descanso y feriados. Sin embargo, la Sala consideró que la decisión impugnada no vulneró normas de orden público y que no era necesario ejercer el control de la legalidad.

Esta Sala de Casación Social en decisión N° 692 de fecha 12 de diciembre de 2002, expresó que aun cuando los requisitos de admisibilidad se cumplan “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público…”. Alega la representación judicial de la parte actora, que la recurrida contrarió la doctrina jurisprudencial de esta Sala de Casación Social en particular a lo establecido en sentencias N° 0023 y 0597 de fechas 24 de febrero de 2005 y 06 de mayo de 2008, respectivamente; al condenar el pago por concepto de días de descanso legales y feriados sobre la base del salario promedio devengado por la trabajadora durante el mes correspondiente a la fecha en que fueron causados, y no sobre la base del último salario promedio mensual devengado por la trabajadora para la fecha de terminación de la relación de trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante ciudadana KETTY DEL MARRERO BETANCOURT, contra la sentencia publicada el 26 de marzo de 2016, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, con sede en Guarenas. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.