Sentencia N° 1627 — Sala de Casación Social del TSJ, 19 de julio de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 19 de julio de 2007, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte accionada contra la sentencia del Juzgado Quinto Superior del Trabajo. La decisión se fundamenta en que la sentencia impugnada se ajusta a derecho y no se evidencian violaciones a normas de orden público ni a la doctrina jurisprudencial de la Sala.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo, que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina de esta Sala, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que sea publicada la sentencia sujeta a revisión, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos- formales exigidos supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: En el caso sub iudice, la parte recurrente denuncia: (...) la sentencia recurrida violenta normas y principios de orden público, al no guardar correspondencia lo decidido con los alegatos y defensas opuestas por la parte actora, siendo que al tergiversar los dichos de ésta, la recurrida aplicó indebidamente la normativa del artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, norma de inminente orden público (…). Resulta claro que la empresa accionada, no se limitó a negar la existencia de la relación laboral, sino que específica y textualmente negó la prestación de servicios, motivo por el cual no resulta aplicable la presunción de laboralidad prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que, en todo caso correspondía al accionante demostrar tal prestación de servicios, para ampararse en dicha presunción (...). Como se observa, la recurrida “inventa” y “sustituye” argumentos de la parte demandada, y a partir de tal invención y cambio de lo alegado, pretende que se reconoció una prestación de servicios, para luego aplicar la presunción de laboralidad y trasladar la carga probatoria a la parte accionada (...). La parte accionada negó la prestación de servicios, con lo cual debía el accionante demostrar tal prestación de servicios a favor de la accionada, lo cual no hizo, siendo que en consecuencia, mal podría aplicarse la señalada norma del artículo 65 de la ley laboral sustantiva. De no haber tergiversado el ad quem los alegatos de la parte accionada, la sentencia en cuestión simplemente debió negar la existencia de la relación laboral y declarar sin lugar la acción propuesta, pues el accionante no prestó servicios a favor de la accionada, sino que le compraba productos.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte accionada, contra la sentencia de fecha 10 de octubre de 2006, emanada del Juzgado Quinto Superior del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.