Sentencia N° 1565 — Sala de Casación Social del TSJ, 9 de diciembre de 2010

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de legalidad interpuesto por Ricardo Antonio Marcano Sifontes contra la decisión del Juzgado Segundo Superior del Trabajo. La Sala analizó los alegatos del recurrente, quien alegaba violaciones a normas de orden público y a la Convención Colectiva de Trabajo. Sin embargo, concluyó que no se incurrió en violaciones que transgredieran el Estado de Derecho.

En el presente caso denuncia el recurrente que la recurrida violó normas de orden público concretamente el artículo 398 de la Ley Orgánica del Trabajo y, las Cláusulas Segunda y Tercera de la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria de la Construcción vigente para los años 2007-2009, por falta de aplicación, al calificar al actor como un empleado y no como un obrero calificado, de conformidad con lo previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Trabajo; y, establecer que al no encontrarse el cargo de Coordinador de SHA dentro del tabulador descriptivo de cargos de la Convención Colectiva, al accionante no le son aplicables los beneficios establecidos en la mencionada Convención Colectiva. Al respecto, de una revisión de los alegatos planteados en el presente recurso y de la sentencia recurrida, observa la Sala que la Alzada no incurrió en violación de las normas denunciadas, que en definitiva transgredirían el Estado de Derecho, toda vez que el punto relativo a la aplicación de la Convención Colectiva discutida, fue analizado de manera soberana por la recurrida tomando en cuenta los alegatos del libelo de demanda y contestación, así como las pruebas promovidas por ambas partes, que cursan en las actas procesales, tales como: el contrato individual de trabajo, el contrato colectivo, recibos de pago, entre otras.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia publicada el 26 de octubre de 2010, dictada por el Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión.