Sentencia N° 149 — Sala de Casación Social del TSJ, 4 de junio de 2019

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por PEPSICOLA DE VENEZUELA C.A. contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, que había confirmado la decisión de primera instancia que declaró con lugar la demanda de cobro de acreencias laborales. La Sala argumentó que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que no se evidenciaba violación de normas de orden público laboral.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social, revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por los Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, en vista de que el recurso de control de la legalidad, es un medio de impugnación excepcional, se debe cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la normativa aplicable. De igual modo indica, que la Alzada yerra en su decisión al trasladar una carga a su representada de los hechos, que a su decir no le corresponde, por lo que al no valorar las pruebas presentadas y otorgar valor probatorio a un acta de inspección, se encuentra viciada la sentencia. Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la parte recurrente, así como de la sentencia impugnada, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra conforme a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público; en consecuencia, visto que el alcance del control de la legalidad ejercido no se ajusta a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

Se declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, PEPSICOLA DE VENEZUELA C.A., contra la sentencia publicada el 7 de mayo de 2018.