Sentencia N° 1443 — Sala de Casación Social del TSJ, 22 de septiembre de 2006

La ciudadana Irma Ramona Zambrano Duque demandó al Banco de Venezuela por indemnización de daño moral, tras ser involucrada en una denuncia penal que resultó infundada. El Juzgado Segundo Superior confirmó la decisión de primera instancia, pero la parte demandada apeló, lo que llevó a la Sala de Casación Social a conocer del caso. En su decisión, la Sala consideró que la presentación de una denuncia penal no constituye, por sí misma, un ilícito civil que genere responsabilidad, a menos que se demuestre mala fe o abuso de derecho por parte del denunciante.

La Sala observa: En reciente fallo de fecha 8 de agosto de 2006, en la causa seguida por otra persona que resultó igualmente involucrada con ocasión de la denuncia a que se refieren estas actuaciones, expresó la Sala lo siguiente: Ciertamente, la mera circunstancia de presentar una denuncia de carácter penal ante las autoridades policiales o judiciales, lo que constituye el ejercicio de un derecho subjetivo contemplado en el ordenamiento legal, e incluso un deber en no pocas ocasiones, no puede entenderse que configure, per se, un ilícito civil que genere responsabilidad civil a cargo del denunciante, independientemente de que la actuación indebida de aquellas cause daños materiales y morales a quienes aparezcan o resulten involucrados en el asunto. Puesto que se trata del ejercicio de un derecho, se está en el segundo supuesto del artículo 1.185 del Código Civil, conforme al cual, debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho, problema jurídico complejo, grave y delicado, como ha señalado la jurisprudencia de la Sala Civil, por la dificultad en precisar cuándo se hace uso racional del derecho y cuándo se abusa del mismo.

Por las razones expuestas, esta Sala de Casación Social Accidental del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el presente recurso de casación y, SIN LUGAR la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se exime a la demandante en las costas del juicio.