Sentencia N° 1430 — Sala de Casación Social del TSJ, 17 de diciembre de 2013

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por los ciudadanos Mario Bustillos y Fredy Salazar contra la decisión del Juzgado Superior del Trabajo de Yaracuy. La Sala argumenta que el recurso no se ajusta a los fines establecidos por la ley, ya que no se evidencian violaciones a normas de orden público en la decisión impugnada. Además, se señala que el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales fue verificado, pero el análisis de los elementos sustanciales de admisibilidad no fue satisfactorio.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, de conformidad con el artículo 165 eiusdem y el criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A.; y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: Denuncia el impugnante la violación del derecho a la defensa y al debido proceso. En este orden de ideas arguye que el juzgador de alzada incurrió en el vicio silencio de pruebas, sobre los recibos de pago de cánones de arrendamiento hasta el mes de junio de 2009, en la cuenta bancaria de la parte demandada −Bancos Provincial y Casa Propia−; de los cuales se evidencia que la relación de trabajo se mantuvo hasta la referida fecha, y por consiguiente, no está prescrita la acción.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 25 de abril de 2013. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.