Sentencia N° 14 — Sala de Casación Social del TSJ, 25 de enero de 2012

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró con lugar el recurso de control de la legalidad interpuesto por el ciudadano Darío Rafael Matute Quiaro, anulando la decisión del Juzgado Superior Octavo del Trabajo que había revocado la demanda. La Sala determinó que la fecha de inicio de la relación laboral era la alegada por el actor, el 14 de agosto de 2003, y no la fecha que sostenía la demandada. Asimismo, se estableció que el salario mensual del trabajador era de mil cuatrocientos bolívares.

Se evidencia de la lectura de la sentencia recurrida que la forma 14-02, emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contentiva del Registro de Asegurado, la cual reposa en el expediente en original y que fue promovida como prueba de la parte actora, fue valorada por la juzgadora de alzada como un documento emanado de un tercero, por lo cual debía ser ratificado en juicio con la prueba de informes. Ello constituye una afirmación falsa sin soporte jurídico alguno, pues si se trataba de una prueba emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, no podía ser calificada como una documental emanada de un tercero en juicio, pues se trata de un organismo público y los documentos emanados de éstos ciertamente gozan de una presunción de veracidad y legitimidad. Es menester destacar, que esta Sala ha señalado reiteradamente que la valoración que dan los jueces a las pruebas, corresponde a su soberana apreciación, por tanto, no pueden ser objeto de control por parte de esta Sala, pues con ello, se convertiría en una especie de tercera instancia. No obstante, la Sala Constitucional de este máximo Tribunal ha señalado, criterio que acoge esta Sala de Casación Social, que la citada regla tiene como excepción los supuestos en los cuales el tratamiento que se le da a la prueba promovida y evacuada implica un abuso de derecho, la valoración de la prueba resulta claramente errónea o arbitraria, o cuando se ha dejado de valorar, sin justificación alguna, una prueba determinante para la resolución de la causa.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1°) CON LUGAR el recurso de control de la legalidad ejercido por la parte actora, contra la decisión de fecha 22 de junio de 2009, emanada del Juzgado Superior Octavo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, 2°) NULA la decisión recurrida; y 3°) PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano DARIO RAFAEL MATUTE QUIARO, contra la sociedad mercantil INVERSIONES MVG 2003 C.A. y 4°) SIN LUGAR la demanda contra OPERADORA MASTER SIGLO XXI, C.A.