Sentencia N° 1362 — Sala de Casación Social del TSJ, 15 de diciembre de 2016

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, decidió sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, CLÍNICA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, C.A., contra una sentencia del Tribunal Primero Superior del Trabajo que había confirmado un fallo favorable a la demandante, AURA RAMONA MEJÍAS DORANTE. La Sala consideró que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo que llevó a declarar su inadmisibilidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por los Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, por razón que el recurso de control de la legalidad es un medio de impugnación excepcional, se debe cumplir, para poder garantizar su admisibilidad, con los requerimientos formulados en la ley adjetiva laboral, reproducida en el párrafo precedente a saber: 1) que se trate de sentencias proferidas por Juzgados Superiores Laborales, 2) que éstas no sean impugnables en casación, y 3) que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral o procesal. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada, CLÍNICA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ, C.A., en contra de la sentencia dictada el 28 de julio de 2016, por el Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, con sede en Guanare. No hay expresa condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.