Sentencia N° 1311 — Sala de Casación Social del TSJ, 23 de noviembre de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Orlando Ramón Garcías contra la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure. La decisión se basa en que la sentencia recurrida, emitida por el Juzgado Superior Primero del Trabajo, no vulnera normas de orden público laboral y se ajusta a derecho. Se establece que el recurso no cumplía con los requisitos necesarios para su admisibilidad, por lo que se declara inadmisible.

El Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social ha señalado según sentencia de fecha 20 de febrero del año 2003, que al ser el recurso de control de la legalidad un medio de impugnación excepcional, a los fines de asegurar su admisibilidad, debe cumplirse con las exigencias antes transcritas, las cuales son: 1.- Que se trate de sentencias emanadas de Juzgados Superiores laborales; 2.- Que no sean impugnables en casación y 3.- Que violen o amenacen con violentar normas de estricto orden público. Además de ello para su admisibilidad se requiere verificar: 1.- La oportunidad para su interposición, es decir, que sea solicitado el recurso de control de la legalidad dentro de un lapso preclusivo de cinco (5) días, contado por días de despacho, siguientes a la fecha en que sea dictada la sentencia sujeta a revisión; y 2.- La extensión del escrito, es decir, que no exceda de tres (3) folios útiles y sus vueltos.

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad propuesto por la representación judicial de la parte actora, contra la sentencia de fecha 10 de junio del año 2011, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure.