Sentencia N° 1301 — Sala de Casación Social del TSJ, 11 de octubre de 2005

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 11 de octubre de 2005, se pronunció sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por Gonzalo Alonso Díaz Millán contra la sentencia del Juzgado Superior del Trabajo que había declarado sin lugar su apelación. La Sala analizó la admisibilidad del recurso conforme al artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, estableciendo que solo procede en casos donde se violenten normas de orden público o se contravenga la jurisprudencia reiterada de la Sala. En este caso, la Sala concluyó que el Tribunal ad quem había actuado correctamente al no valorar ciertas pruebas y testimonios presentados por el demandante, lo que llevó a la decisión de inadmisibilidad del recurso. La Sala reafirmó que la carga de la prueba recae en el demandado para demostrar la inexistencia de la relación laboral, y que el demandante no estaba eximido de probar sus alegaciones. Finalmente, se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad, sin condenatoria en costas, y se ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia correspondiente.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prevé que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social podrá, a solicitud de parte, conocer de aquellos casos emanados de los Tribunales Superiores del Trabajo, que aun y cuando no fueran recurribles en casación, sin embargo, violenten o amenacen con violentar las normas de orden público o cuando la sentencia recurrida sea contraria a la reiterada doctrina jurisprudencial de dicha Sala de Casación. La Sala en decisión de fecha 12 de diciembre de 2002, estableció que “corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal Laboral, la admisibilidad de dicho recurso, cuando se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público o la jurisprudencia reiterada de la Sala”. En el caso concreto, la parte recurrente alega la infracción de los siguientes artículos: 508 y 509 del Código de Procedimiento Civil; 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; 1.363, 1.364, 1.377 y 1.397 del Código Civil; 65 de la Ley Orgánica del Trabajo; y, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque el Tribunal ad quem no valoró algunas instrumentales incorporadas al proceso como prueba de pago quincenal del salario devengado por el trabajador y le dio valor probatorio a otras no impugnadas; tampoco apreció el testimonio de dos testigos quienes manifestaron que el demandante recibía un salario, cumplía horario y se desempeñaba como vendedor inmobiliario para la empresa demandada; y, por último, aduce que el trabajador no debe probar la presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, publicada el 28 de marzo de 2005. No hay condenatoria en costas dada la índole de la decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Coordinación Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, a los fines de que lo envíe al Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo correspondiente. Particípese esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, en conformidad con lo previsto en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.