Sentencia N° 1267 — Sala de Casación Social del TSJ, 12 de junio de 2007

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte accionada, en el juicio por cobro de diferencias de prestaciones sociales. La decisión se basa en que no se evidenció violación de normas de orden público ni de la doctrina jurisprudencial de la Sala. Se argumenta que el Tribunal Superior actuó conforme a derecho al no considerar el fraude procesal denunciado por la parte recurrente.

Ha sido Doctrina pacífica de esta Sala que es obligación de los jueces mantener la supremacía de las normas constitucionales y resolver de oficio cuestiones de orden público, y el fraude es una cuestión de orden público, que además se le advirtió al Juez de Juicio antes de emitir su fallo. Cuando una de las partes fragua elementos de prueba para obtener un provecho injusto, afecta la majestad de la justicia y la paz social, desvía el proceso hacia fines perversos. Finalmente expone: Existiendo los elementos de procedencia para el control de la legalidad (…) solicitamos (…) y en definitiva (…) se anule el fallo recurrido y se ordene la reposición de la causa al estado de que el Tribunal de Juicio restablezca el orden jurídico infringido, esto es, al estado de que el Tribunal de Juicio –a quien corresponde emitir el fallo de primera instancia-, para evitar el fraude procesal, y mediante los mecanismo que la ley permite, determine el verdadero salario del trabajador reclamante y a partir de allí deduzca el monto real a percibir por la prestación del servicio, que fue la decisión que debió tomar el Tribunal de la Recurrida en conocimiento del recurso de apelación.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la representación judicial de la parte accionada, contra la sentencia de fecha 15 de junio de 2006, emanada del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión.