Sentencia N° 1178 — Sala de Casación Social del TSJ, 2 de noviembre de 2011

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad interpuesto por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Sexto Superior del Trabajo. Los recurrentes alegaron infracciones de garantías constitucionales y procesales, así como la incorrecta aplicación de normas laborales. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la decisión del Juzgado Superior se ajustaba a derecho y no se evidenció violación de normas de orden público.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público, ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, la oportunidad para interponer el referido recurso se encuentra limitada a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, una vez vencido el lapso que otorga la ley para la publicación de la sentencia in extenso, conteste con el artículo 165 eiusdem y el criterio establecido en sentencia N° 569 del 29 de abril de 2008 (caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Milenium, C.A.); y deberá hacerse a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales señalados supra, pasa esta Sala de Casación Social a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, y a tal efecto observa: Debe indicarse que en el presente caso, los recurrentes delatan que en primer lugar, la infracción de garantías constitucionales y procesales, y para ello, deja indicado que conforme a la sentencia del Tribunal Superior, en aplicación de las prerrogativas procesales de la República establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública y lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como consecuencia de la falta de contestación de la demanda por parte de la República, debe tenerse la demanda como “contradicha en todas sus partes”, y partiendo de tal errada premisa, el Juez Superior, trasladó a los trabajadores la carga de probar “todas” sus afirmaciones, incluida la necesidad de demostrar los beneficios percibidos y que conformaban el salario, los cuales no fueron negados ni desconocidos por la demanda, ni en la contestación –pues no contestó–, ni en la audiencia de juicio a la cual si compareció a través de sus representados.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de fecha 25 de marzo de 2011, emanada del Juzgado Sexto Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. No hay expresa condenatoria en costas del recurso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada.