Sentencia N° 1097 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de julio de 2009

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 7 de julio de 2009, declaró inadmisible el recurso de control de legalidad interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de Miranda. La decisión de alzada había confirmado parcialmente la demanda de los trabajadores por acreencias laborales. La Sala analizó los argumentos presentados y concluyó que no se evidenció violación de normas de orden público ni de la doctrina jurisprudencial establecida.

El artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece el control de la legalidad, como la vía recursiva para impugnar ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, aquellas decisiones emanadas de los Tribunales Superiores del Trabajo que no sean recurribles en casación y que violenten o amenacen con violentar normas de orden público y/o resulten contrarias a la reiterada doctrina de esta Sala; ello, a fin de restablecer el orden jurídico infringido. Asimismo, se encuentra limitada la oportunidad para interponer el referido recurso, a un lapso preclusivo de cinco (5) días hábiles, los cuales de conformidad con el artículo 165 eiusdem y según criterio plasmado en sentencia N° 569, emanada de esta Sala en fecha 29 de abril de 2008, caso: Maritza Margarita Antequera Nelo contra Promotora Millenium, C.A., comenzarán a transcurrir una vez vencido el lapso que la ley otorga para publicar la sentencia, y a través de escrito, el cual no podrá exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, pues tal inobservancia acarrearía la inadmisibilidad de éste. En ese orden, verificado el cumplimiento de los requisitos técnicos-formales exigidos ut supra, pasa esta Sala de Casación Social, a analizar los elementos sustanciales de admisibilidad, observando: Señala la recurrente: (…) Que la recurrida violenta los artículos 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 129, 133 y 134 de la Ley Orgánica del Trabajo. Señala que el vicio de la recurrida se produce cuando el sentenciador «no se percata que el recargo sobre el consumo es verdaderamente una percepción salarial proveniente del patrono, el cual proviene del tercero como parte del precio que paga el cliente y por otro lado, al no distinguir la propina con el derecho a percibir propina, este último no es un salario debido por el patrono». Señala que si la “base del salario” y el porcentaje del 10% reconocidos por la accionada alcanzaran el salario mínimo establecido, debe entenderse satisfecha la obligación respecto al pago del salario mínimo y solo si no se alcanza este mínimo legal queda el patrono obligado a complementar tal monto, o en su caso, pagarlo en su totalidad, tal como lo establece el artículo 129 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, del análisis del hilo argumental expuesto por la parte recurrente, así como de la sentencia impugnada y las restantes actas que conforman el expediente, se colige que la decisión sujeta a revisión se encuentra ajustada a derecho, sin denotarse violación alguna de normas regidas por el orden público ni de la reiterada doctrina jurisprudencial de la Sala; en consecuencia, visto que el alcance de la solicitud de control de la legalidad no se ajustan a los fines del recurso, debe necesariamente declararse su inadmisibilidad. Así se resuelve.

En mérito a las precedentes conclusiones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada contra la sentencia de fecha 20 de enero de 2009, emanada del Juzgado Segundo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas. No hay expresa condenatoria en costas del recurso dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial supra identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.