Sentencia N° 1081 — Sala de Casación Social del TSJ, 7 de octubre de 2010

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad del recurso de control de la legalidad interpuesto por Jesús Ramón Soto contra la sentencia del Juzgado Tercero Superior del Trabajo. La Sala argumentó que el recurso no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ya que no se evidenció la vulneración de normas de orden público ni la contravención de la jurisprudencia reiterada de la Sala. Se destacó que el control de la legalidad no debe ser entendido como una nueva instancia, sino como un mecanismo para preservar la uniformidad de la jurisprudencia laboral.

En el caso concreto, denuncia el recurrente que los jueces de ambas instancias infringieron en forma flagrante lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, asimismo, señala que el Juez de alzada, quebrantó disposiciones que son de estricto orden público, contenidas en el artículo 3° de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en los artículos 9° y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como también infringieron los artículos 177 y 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no haberse acogido a la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, que desarrolla lo relacionado a la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, pues le otorgó al documento cuestionado en la causa, carácter de transacción laboral y por vía de consecuencia, declaró la cosa juzgada, sin estar llenos los extremos establecidos en la Ley, tal y como lo demanda nuestro Máximo Tribunal, pues no tomó en consideración que la referida transacción no cumplió con los requisitos para considerarla válida y eficaz, al no contener una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos.

Por las razones mencionadas, con base en los criterios que fundamentan la presente decisión, se declara inadmisible el recurso de control de la legalidad. Así se decide.