Sentencia N° 1070 — Sala de Casación Social del TSJ, 17 de octubre de 2012

El Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Social, decidió sobre un recurso de control de la legalidad interpuesto por la parte demandada contra una sentencia del Juzgado Superior Quinto del Trabajo. La parte demandada alegó violaciones a normas procesales y de derecho laboral, argumentando que la sentencia de alzada no valoró adecuadamente la prueba presentada y que se infringieron disposiciones legales en la condena de pago de prestaciones sociales. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, la Sala concluyó que la sentencia recurrida se ajustaba a derecho y no incurrió en las violaciones alegadas. Por lo tanto, se declaró inadmisible el recurso de control de la legalidad, enfatizando que el alcance de la solicitud no se alineaba con los fines del recurso. Finalmente, el Tribunal ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior de origen, sin condena en costas, dada la naturaleza de la decisión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 178 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es potestad de esta Sala de Casación Social revisar por vía de control de la legalidad, aquellas decisiones proferidas por Juzgados Superiores del Trabajo, que no siendo recurribles en casación, violenten o amenacen con violentar normas de estricto orden público laboral. Ahora bien, dada la naturaleza extraordinaria del recurso, corresponde a esta Sala de Casación Social restringir, atendiendo a la potestad discrecional conferida por el artículo 178 eiusdem, la admisibilidad del mismo, especialmente, para aquellas circunstancias donde se hallen violentadas o amenazadas disposiciones de orden público laboral. En tal sentido, debe entenderse que tales quebrantamientos o amenazas, irrumpen las instituciones fundamentales del derecho sustantivo del trabajo, derechos indisponibles o reglas adjetivas que menoscaban el debido proceso y el derecho a la defensa. En el caso bajo estudio, denuncia la parte demandada recurrente que la sentencia de Alzada infringió los artículos 10 y 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto omitió, de manera parcial, valorar la prueba de declaración de parte rendida por el ciudadano Juan Carlos Chacín, de cuyo contenido se observan las diversas preguntas realizadas, las cuales fueron silenciadas parcialmente, sin mencionarlas y mucho menos analizarlas a los efectos de determinar su valor probatorio y de las que se evidencia claramente contradicción en sus respuestas sobre los elementos preponderantes para determinar la existencia de una relación de trabajo.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 21 de junio de 2012, emanada del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo. No hay expresa condenatoria en costas del proceso, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese, regístrese y remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Trabajo arriba identificada. Particípese de esta remisión al Juzgado Superior de origen antes mencionado, en conformidad con lo establecido en el artículo 176 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.