Sentencia N° 106 — Sala de Casación Social del TSJ, 10 de febrero de 2009

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 10 de febrero de 2009, declaró sin lugar el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Tercero Superior del Trabajo, que había confirmado el fallo de primera instancia que declaró sin lugar la demanda de cobro de prestaciones sociales. La Sala analizó las denuncias presentadas por los recurrentes, concluyendo que no se habían cumplido los requisitos de claridad y precisión en la formulación de las mismas, lo que dificultó el análisis de las infracciones alegadas. Además, se determinó que la Juez de alzada había actuado conforme a derecho al valorar las pruebas y pronunciarse sobre la cosa juzgada.

La Sala para decidir observa: Ha sido criterio de la Sala que las denuncias deben presentarse en forma clara, precisa y determinada, de modo que aparezca inequívocamente en qué consiste la infracción y cuáles normas han sido violadas. En igual sentido, del análisis realizado al contenido de la presente denuncia observa la Sala que el formalizante incurrió en una mezcla indebida de denuncias, pues bajo un mismo motivo de casación, plantea en términos generales, silencio de prueba, incongruencia del fallo y falso supuesto, sin señalar, en este último caso, cuál fue el hecho concreto establecido por la recurrida ni en cuál de los tres supuestos de suposición falsa incurrió el fallo, lo cual, aunado a la falta de claridad de los argumentos y razonamientos expuestos por el recurrente, dificulta a la Sala el análisis de la denuncia en cuestión.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 22 de octubre de 2007, por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. No se condena en costas al recurrente, en conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.