Sentencia N° 103 Casación Social TSJ 2001: María Elena Bayone de Rivero vs Instituto Nacional de Cooperación Educativa…

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia en un proceso de amparo constitucional y recurso contencioso administrativo interpuesto por María Elena Bayone de Rivero. La demandante alegó su despido del Instituto de Cooperación Educativa Carabobo y fundamentó su acción en la infracción de varios artículos de la Constitución y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. La Sala determinó que, conforme a la Ley Orgánica del Trabajo y la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, los tribunales de la jurisdicción laboral son los competentes para conocer de la acción de amparo interpuesta. En consecuencia, se declaró competente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo para conocer del caso. Finalmente, se ordenó la remisión del expediente al juzgado competente y se notificó a los tribunales involucrados en el proceso.

La ciudadana María Elena Bayone de Rivero alegó en su demanda que fue despedida del cargo de Gerente de Administración y Servicios que desempeñaba en el Instituto de Cooperación Educativa Carabobo, Asociación Civil (INCE Carabobo A.C.), por lo cual intentó acción de amparo constitucional en la que señaló el quebrantamiento del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del artículo 143, numerales 1 y 3 del vigente texto constitucional. Conjuntamente con la acción de amparo, la demandante ejerció el recurso contencioso de nulidad contra el acto administrativo de fecha 15 de febrero de 2001, emanado de la ciudadana Nancy Rondón León, Gerente General del Ince Carabobo A.C., mediante el cual se le notificó que “(...) el Comité Ejecutivo, en Reunión Ordinaria 1846-01-76, celebrada el 13/10/2001 autorizó el despido del Puesto de Trabajo que desempeñaba en esta Asociación Civil”. Al respecto, fundamentó la nulidad del acto administrativo, en la infracción del artículo 18 ordinal 5° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como de los artículos 73 y 74 eiusdem, y por último, señaló el incumplimiento del artículo 15 ordinal 10° de los Estatutos de la Asociación Civil INCE-Carabobo. Para decidir la Sala observa: El artículo 5 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece textualmente lo siguiente: “La legislación procesal, la organización de los tribunales y la jurisdicción especial del Trabajo se orientarán por el propósito de ofrecer a los trabajadores y patronos la solución de los conflictos sobre derechos individuales o colectivos que surjan entre ellos, mediante una administración de justicia rápida, sencilla y gratuita.” En consecuencia, atendiendo a la condición de trabajador ordinario del demandante (Parágrafo Único del artículo 17 de los Estatutos de la Asociación Civil INCE-Carabobo A.C.), y considerando que la parte demandada esta constituida como una asociación civil, esta Sala de Casación Social concluye, en concordancia con las disposiciones legales anteriormente citadas, que los tribunales de la jurisdicción laboral son los competentes para conocer de la presente acción de amparo Constitucional interpuesta conjuntamente con el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de actos de efectos particulares y así se declara.

Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente para conocer de la acción de amparo Constitucional, conjuntamente, con el recurso contencioso administrativo de nulidad de actos de efectos particulares, interpuesto por la ciudadana María Elena Bayone de Rivero contra el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Rector (INCE-RECTOR), al JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN PUERTO CABELLO. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado declarado competente.