Sentencia N° 1013 — Sala de Casación Social del TSJ, 25 de agosto de 2004

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inadmisibilidad de dos recursos de control de la legalidad interpuestos por la parte demandada y un tercero interviniente, en relación a una sentencia del Juzgado Superior Primero del Trabajo de Yaracuy. Se argumentó que ambos recursos no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, específicamente en cuanto a la notificación al Procurador General y la infracción de normas de orden público laboral.

La representación judicial del tercero interviniente en el presente proceso, le atribuye a la sentencia recurrida la violación de normas gobernadas por el orden público como los artículos 93, 94 y 95 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en concordancia con los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto desde el momento en que fue llamado a juicio, se debió notificar al Procurador General de la República y al no materializarse dicha notificación se hace necesaria la reposición de la causa, cuestión que no ha sido constatada en forma alguna por esta Sala de Casación Social, lo cual trae como efecto inmediato, basada en los criterios que informan la presente decisión, la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso de control de la legalidad interpuesto. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1) INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por el tercero interviniente en el presente juicio contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2004, emanada del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy y; 2) INADMISIBLE el recurso de control de la legalidad intentado por la parte demandada contra la decisión supra identificada.