Sentencia N° 1 Casación Social TSJ 2001: Consorcio Lake Plaza, C.A. — Regulación de competencia en proceso de nulidad contra…

La Sala de Casación Social conoce de una solicitud de regulación de competencia en un proceso de nulidad contra una providencia administrativa emitida por la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida. La decisión impugnada se refiere a la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos formulada por un ciudadano, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo. La Sala aclara que corresponde a los Tribunales del Trabajo conocer de las demandas de nulidad contra decisiones administrativas, salvo aquellas expresamente atribuidas a la jurisdicción contencioso-administrativa. La Sala, acogiendo criterios jurisprudenciales previos, declara competente al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Amparo Constitucional de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida para conocer la providencia administrativa. La decisión se fundamenta en la interpretación de normas laborales y la unidad de la jurisdicción laboral, asegurando que los tribunales de trabajo son los competentes para conocer de tales demandas. Finalmente, se ordena la remisión del expediente al juzgado competente, reafirmando la autoridad de la Sala de Casación Social en la administración de justicia en nombre de la República.

La decisión que se pretende impugnar se refiere a una providencia administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Mérida de fecha 26 de junio de 1997, en virtud de la cual, se declaró con lugar la solicitud de reenganche y pagos de salarios caídos, formulada por el ciudadano José Antonio Márquez Román; es decir, bajo la vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de fecha 27 de noviembre de 1990, que entró en vigencia a partir del 1° de mayo de 1991. Ahora bien, de acuerdo con dicha normativa y del criterio sostenido por las Salas de Casación Civil y Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, corresponde a los Tribunales del Trabajo conocer de las demandas de nulidad contra las decisiones administrativas, dictadas en aplicación de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo que regulan su "parte administrativa", a excepción de aquellas demandas que en forma expresa son atribuidas a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Al respecto, la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa, en decisión de fecha 9 de abril de 1992, expresó: "En consecuencia, conforme a los textos de los artículos 5 y 655 de la Ley Orgánica del Trabajo vigente, y de acuerdo a las reglas interpretativas contenidas en los artículos 59 eiusdem ("principio de la prevalencia de las normas del trabajo, sustantivas o de procedimiento"), y 60 eiusdem ("principio del orden jerárquico de aplicación de las normas laborales"), los Tribunales del Trabajo de Primera Instancia que según el ordinal 1º del artículo 28 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, son los Tribunales de la causa, en materia laboral, son competentes para conocer de las demandas de nulidad en contra de las decisiones administrativas, dictadas en aplicación de las normas de dicha Ley que regulan su "parte administrativa", a que se refiere el artículo 586; salvo aquellas demandas que en forma expresa son atribuidas a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, como sucede en los casos antes señalados en los artículos 425, 465 y 519, todos de la citada Ley. Así se declara."

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara competente para conocer de la providencia administrativa interpuesta por el Consorcio Lake Plaza, S.A. al JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, TRABAJO Y AMPARO CONSTITUCIONAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior Primero, antes identificado.