Sentencia N° 96 Casación Civil TSJ 2001: Agostinho Gouveia Luis vs sucesión de RUFINO POLICARPIO GOMES DE SOUSA

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión del 11 de octubre de 2001, declaró sin lugar el recurso de hecho propuesto contra un auto que negaba la admisibilidad de un recurso de casación. La Sala fundamentó su decisión en que la cuantía del interés principal del juicio no superaba los cinco millones de bolívares, requisito necesario para la admisibilidad del recurso de casación. Además, se apercibió severamente a la abogada que intentó el recurso por actuar con temeridad y abuso de derecho, dado que la demanda no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.

A partir del 22 de abril de 1996, comenzó a regir la cuantía establecida por el Decreto Presidencial Nº 1029, “publicado en Gaceta Oficial el día 22 de enero de 1996, el cual establece un valor superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00), para las decisiones dictadas en juicios civiles, mercantiles y las dictadas por los tribunales superiores que conozcan en apelación de laudos arbitrales; y más de tres millones de bolívares (Bs.3.000.000,00) para las sentencias recaídas en juicios laborales y agrarios. Asimismo, por sentencia Nº 216, de fecha 31 de julio de 2001, caso María Alejandra Ostos Nuñez contra Elsy María Rincones Guerra y otra, exp. 99-511, la Sala estableció que para la admisibilidad del recurso de casación anunciado en los juicios especiales de tránsito, la cuantía deberá superar los cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo)”. En el sub iudice, de la revisión de las actas, en especial del escrito libelar, que corre inserto a los folios 1 al 3 de los que conforman el presente expediente, se evidencia que la demanda intentada en el presente juicio fue estimada por el accionante en la cantidad de cincuenta mil bolívares (Bs.50.000,00), monto que no fue impugnado por los accionados y, por tal razón, quedó firme la estimación hecha en el mentado escrito, cuestión que permite a este Alto Tribunal determinar el incumplimiento del requisito de la cuantía, pues el interés principal del juicio no excede la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs.5.000.000,00), monto este exigido para la admisibilidad del recurso de casación, lo que lleva, a declarar por vía de consecuencia, sin lugar de hecho propuesto, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo presente fallo. Así se decide.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 5 de junio de 2001, dictado por el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, denegatorio a su vez del recurso de casación anunciado contra la sentencia de fecha 8 de marzo de 2001, dictada por el referido Juzgado Superior. Se condena al recurrente, al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley. Dada la reiterada doctrina de esta Sala, a cerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se impone una multa, al recurrente por la cantidad de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs.20.000,00) a cuyo efecto se ordena al tribunal de la causa, expedir la correspondiente planilla de liquidación para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Se ordena oficiar con copia certificada de la presente decisión, al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del estado Miranda, para que resuelva sobre la procedencia o no, de la medida disciplinaria contra la abogada Ruth Yajaira Morante Hernández, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide.