Sentencia N° 72 — Sala de Casación Civil del TSJ, 20 de diciembre de 2002

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de competencia relacionado con la estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales. La ciudadana Iris Da Silva Pestana demandó al ciudadano Omar Alfredo Alvarez Vida, y el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente se declaró incompetente, remitiendo el caso a la Sala de Casación Civil. La Sala determinó que el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente es el órgano competente para conocer y decidir la causa, basándose en la jurisprudencia y en el procedimiento establecido en la Ley de Abogados.

La estimación e intimación de honorarios profesionales judiciales de abogado, debe ser tramitada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cual dispone: “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.” A partir del procedimiento previsto en el referido artículo, ha sido jurisprudencia reiterada que cuando se pretende el cobro de honorarios profesionales, generados por actos realizados en sede judicial deviene una competencia funcional, según la cual, será competente para conocer en principio de este tipo de pretensiones, aquél tribunal donde cursen las actuaciones que hayan generado el derecho al cobro de los honorarios reclamados, salvo los supuestos que esta Sala ha determinado al respecto en su más reciente doctrina.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ordena remitir las actuaciones al TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPLITANA DE CARACAS, SALA DE JUICIO, JUEZ UNIPERSONAL VII, por ser el órgano jurisdiccional competente para conocer y decidir la presente causa. Publíquese y regístrese. Remítase este expediente al Tribunal anteriormente identificado. Particípese de esta decisión al Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la misma Circunscripción Judicial.