Sentencia N° 460 — Sala de Casación Civil del TSJ, 1 de octubre de 2026

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la solicitud de avocamiento presentada por María Luz Salas de Morales en relación con el interdicto restitutorio incoado por Ramón Dávila Álvarez. La Sala argumenta que no se cumplen los requisitos jurisprudenciales necesarios para la procedencia del avocamiento, destacando que la situación planteada no afecta gravemente el interés público ni se evidencia un desorden procesal que justifique la intervención del Tribunal. Además, se señala que existen medios procesales adecuados para la protección de los derechos de las partes involucradas.

La Sala examina la solicitud de avocamiento presentada por la ciudadana María Luz Salas de Morales, asistida por el abogado Miguel Andrés Peña Ramírez, en el contexto de un juicio de interdicto de amparo por despojo. Se establece que la solicitud no cumple con los requisitos necesarios para su admisión, ya que no se evidencia una situación de manifiesta injusticia ni un desorden procesal que amerite la intervención de esta Sala. La Sala concluye que el conflicto se deriva de una relación contractual y que los medios ordinarios son suficientes para resolver la controversia, por lo que se declara improcedente la solicitud de avocamiento.

Por las razones de hecho y de Derecho expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la solicitud de avocamiento presentada el 6 de marzo de 2026, por la ciudadana María Luz Salas de Morales, asistida por el abogado Miguel Andrés Peña Ramírez, respecto de la causa seguida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, en el expediente número 11.826, referida al interdicto restitutorio de amparo por despojo incoado y decidido en su contra por el ciudadano Ramón Dávila Álvarez.