Sentencia N° 206 Casación Civil TSJ 2000: Seguros Horizonte, C.A. vs SALVADOR REGLA CASALS y MARIA DOLORES PUIG DE…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 21 de diciembre de 2000, declara sin lugar el recurso de hecho interpuesto contra un auto del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito. La decisión se basa en que la sentencia recurrida es interlocutoria y no pone fin al juicio, lo que impide su revisión inmediata en casación. Además, se apercibe al abogado José María Díaz Cañabate por intentar un recurso de casación en un fallo que no cierra el proceso, lo que se considera una conducta temeraria y abusiva.

En el caso de autos, el Sentenciador Superior basó su decisión denegatoria del recurso de casación, en que se trata de una sentencia que no pone fin al juicio ni impide su continuación. Revisadas las actas del expediente esta Sala comprueba que, en efecto, la recurrida es una sentencia interlocutoria que no pone fin al juicio ni impide su continuación, ya que dicha decisión fue dictada con ocasión de la apelación ejercida contra el auto de fecha 20 de marzo de 2000 emanado del tribunal de primera instancia, mediante el cual declaró que los lapsos procesales no pueden reabrirse y, por tanto, resolvió dejar sin efecto el primer auto de fecha 31 de enero de 2000, que ordenó la reapertura del lapso para que la parte actora pudiese apelar de la sentencia definitiva proferida en dicho juicio. La recurrida en su dispositivo revocó la mencionada providencia de 20 de marzo de 2000, y ratificó la decisión de fecha 31 de enero de 2000, lo que evidencia que dicha sentencia no pone fin al juicio ni impide su continuación, ya que al declarar válido el citado auto está ordenando la reapertura del lapso para ejercer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva y, por tanto, no es susceptible de ser revisada de inmediato en casación. La consolidada jurisprudencia de esta Sala en materia de sentencias interlocutorias que no ponen fin al juicio, sino que ordenan su prosecución, tiene establecido que “al proponerse el recurso de casación contra la sentencia que puso fin al juicio, quedan comprendidas en él las interlocutorias que hubieren producido un gravamen no reparado en ella, siempre que contra dichas decisiones se hubieren agotado oportunamente todos los recursos ordinarios. Conforme a la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, el nuevo sistema elimina el anuncio ad latere de las interlocutorias que producen un gravamen irreparable y se incluye dicho recurso contra dichas sentencias, por vía refleja, en el anuncio del recurso de casación contra las sentencias definitivas”.

En mérito de las consideraciones procedentes, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto contra el auto de fecha 30 de octubre de 2000, dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; denegatorio del recurso de casación anunciado contra la decisión de fecha 10 de octubre de 2000, dictada por ese mismo Tribunal. Se condena al recurrente al pago de las costas del recurso, de conformidad con la ley. Dada la reiterada doctrina de esta Sala acerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se impone al recurrente multa de VEINTE MIL BOLÍVARES (Bs. 20.000,oo). Se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Se ordena oficiar con copia certificada de la presente decisión al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Area Metropolitana de Caracas, para que resuelva, sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el abogado José María Díaz Cañabate, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados.