Sentencia N° 19 Casación Civil TSJ 2001: Pedro Rafael Méndez Labrador vs Fondo Para el Financiamiento de la Pequeña y…

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina y la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en un juicio por intimación de honorarios profesionales. La Corte se declaró incompetente, argumentando que el caso debía ser conocido por tribunales ordinarios debido a la naturaleza del demandado, un Instituto Autónomo adscrito a la Gobernación del Estado Mérida. La Sala determinó que el tribunal competente para conocer de la intimación de honorarios profesionales extrajudiciales es el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina, basándose en el artículo 22 de la Ley de Abogados y el artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se concluyó que el procedimiento para la reclamación de honorarios debe seguir el juicio breve ante el tribunal civil correspondiente. Finalmente, la Sala declaró competente al Juzgado mencionado para continuar conociendo sobre el mérito del asunto, ordenando la remisión del expediente a dicho tribunal.

El Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, declinó la competencia en razón de la materia y la cuantía, con fundamento en que por ser la accionada un Instituto Autónomo y estimarse el interés principal del juicio en la cantidad de cuatro millones quinientos mil bolívares, (Bs. 4.500.000,oo), corresponde conocer a la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo. Por su parte, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se declaró igualmente incompetente en razón de la materia para conocer de la demanda de intimación de honorarios profesionales, con base en lo siguiente: “...De manera que por versar el presente caso contra un Instituto adscrito a la Gobernación del Estado Mérida, resultan competentes para el conocimiento de la demanda por cobro de bolívares, los tribunales ordinarios con competencia en lo civil y no esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo...”. De los autos que cursan en el expediente, se evidencia que los honorarios profesionales reclamados fueron causados extrajudicialmente y derivan de un supuesto contrato, a través del cual el intimante prestó servicios profesionales al Fondo para el Financiamiento de la Pequeña y Mediana Industria del estado Mérida (FONFIMER), Instituto Autónomo, adscrito a la Gobernación de dicho Estado. Ahora bien, en materia de honorarios profesionales y la determinación del procedimiento jurisdiccional para su estimación e intimación, el artículo 22 de la Ley de Abogados, dispone: “Artículo 22. El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes. Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el Artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. (Subrayado de la Sala). De acuerdo con la norma precedentemente transcrita, el procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, se llevará a cabo de acuerdo con la naturaleza de las actuaciones que generaron el derecho al cobro de dichos honorarios. De esta dependerá el procedimiento a seguir, pues si se trata, como en el sub iudice, de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, los mismos se reclamarán ante un tribunal civil competente y por vía de un juicio breve; pero si son por actuaciones judiciales, se tramitarán porque en principio, ante el tribunal donde cursa el juicio donde se generaron.

En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara competente al Juzgado Primero de los Municipios Libertador y Santos Marquina de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, con sede en la ciudad de Mérida, para que continúe conociendo sobre el mérito del presente asunto. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente directamente al citado Juzgado de Municipio. Particípese de esta remisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.