Sentencia N° 172 Casación Civil TSJ 2000: Hector Rafael Suarez vs Antonio Ramón Rodríguez — Inadmisibilidad de recurso de casación

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Civil, declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, argumentando que el interés principal del juicio no supera la cuantía exigida para la admisibilidad del recurso. Se establece que el monto del interés principal es de tres millones cuatrocientos mil bolívares, inferior a los cinco millones requeridos por la ley. Además, se apercibe a los abogados por su conducta al intentar un recurso en un juicio que no cumple con los requisitos legales.

En el caso sub iudice el abogado José Amado Araujo Rivas, actuando en su carácter de endosatario en procuración del ciudadano Héctor Suárez, demandó por cobro de bolívares mediante el procedimiento de intimación al ciudadano Antonio Ramón Rodríguez. Dicha demanda fue estimada en la cantidad de tres millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 3.400.000,00), lo cual determina el interés principal del juicio. Posteriormente, en etapa de ejecución de sentencia la ciudadana María Auxiliadora Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código de Procedimiento Civil, intentó demanda de tercería pretensión que tenía por finalidad la suspensión de la ejecución de la sentencia, estimando la referida demanda en la cantidad de cuatro millones quinientos mil bolívares (Bs. 4.500.000,00). Ahora bien, la diuturna jurisprudencia de este Alto Tribunal invariablemente ha establecido que la cuantía del proceso principal, es el que regirá para todas las incidencias que se susciten en su decurso, incluidas las que resultan de la intervención de un tercero. Por tanto, es criterio de la Sala que el recurso de casación es inadmisible, pues el interés principal del juicio alcanza tres millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 3.400.000,00), suma inferior a la exigida en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Decreto Nº 1.029, vigente desde el 22 de abril de 1996, dictado por el Presidente de la República, en los juicios civiles, mercantiles y los referidos a laudos arbitrales es admisible el recurso de casación, siempre que el interés principal exceda de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo). En consecuencia, como en el caso concreto el requisito de la cuantía no está cumplido, pues el interés principal del juicio establecido no supera el monto de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo), exigido para la admisibilidad del recurso de casación, la Sala estima que el recurso de casación es inadmisible, lo cual determina la improcedencia del presente recurso de hecho. Así se establece.

En fuerza de las razones expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR el recurso de hecho propuesto contra el auto de fecha 1º de octubre de 1999, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo, y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo en Valera, denegatorio, a su vez, del recurso de casación anunciado contra la sentencia dictada el 27 de julio de 1999, por el referido juzgado. De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas del recurso a la parte recurrente de hecho. Dada la reiterada doctrina de esta Sala, acerca del expresado requisito de la cuantía para la admisibilidad del recurso de casación, se considera que en este caso se configura uno de los supuestos contenidos en el último aparte del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la interposición maliciosa del recurso. En consecuencia, se impone a los recurrentes multa de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,oo). Se ordena al Tribunal de la causa expedir la correspondiente planilla de liquidación, para ser pagada en una oficina receptora de fondos nacionales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Remítase con oficio copia certificada de este fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, para que resuelva sobre la procedencia o no de la medida disciplinaria contra los abogados Nancy Petit Olmos y Andrés Bracamonte, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 63 de la Ley de Abogados. Así se decide. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado Primero de los Municipios Valera, Motatán, San Rafael de Carvajal y Escuque de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Particípese esta remisión al juzgado superior de origen, de conformidad con el artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.