Sentencia N° 966 Constitucional TSJ 2001: Jose Gerardo Arias Chana — Amparo Constitucional a favor de JOSE GERARDO ARIAS CHANA

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por JOSE GERARDO ARIAS CHANA contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de Mérida, que había confirmado una condena en honorarios profesionales. La Sala determinó que se había violado el derecho al debido proceso y a la defensa del accionante, al no considerar tempestiva su contestación a la intimación de honorarios, dado que se le había concedido un término de distancia que no fue computado adecuadamente. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se ordenó la reposición de la causa al estado de que se dicte una nueva sentencia considerando la contestación presentada.

De las actas del expediente y de la exposición de las partes, la Sala observa lo siguiente: 1° Consta en el expediente que el ciudadano abogado RAUL ORLANDO JAIMES PACHECO interpuso demanda de honorarios profesionales contra el ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en fecha 26 de febrero de 1998. 2° Consta que dicho tribunal, mediante auto de fecha 26 de febrero de 1998, una vez efectuada la tasación de los honorarios correspondientes, intimó al ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, ordenándose su notificación, con la advertencia de que de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Abogados, tiene derecho a hacer uso de la retasa dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al momento en que constase en el expediente su intimación. 3° Consta que mediante auto de fecha 11 de mayo de 1998, el tribunal otorgó siete (7) días de despacho por término de la distancia, al ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, a los efectos de contestar la intimación hecha. 4° Consta que mediante diligencia hecha el 27 de octubre de 1998, el abogado Luis Alberto Martínez Marcano, actuando como apoderado judicial del ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, se dio por intimado, emplazado y notificado. 5° Consta que en fecha 24 de noviembre de 1998, el abogado Luis Alberto Martínez Marcano, en nombre de su mandante, introdujo escrito en el cual opuso cuestiones previas, contestó la demanda y subsidiariamente se acogió al derecho de retasa. 6° Consta que el tribunal, mediante auto de fecha 19 de enero de 1999, realizó el cómputo de los días de despacho transcurridos entre el día 27 de octubre de 1998 exclusive, hasta el día 24 de noviembre de 1998 inclusive; determinando que habían transcurrido trece (13) días de despacho. 7° Consta que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, al declarar con lugar la intimación de honorarios, en su sentencia de fecha 21 de septiembre de 1999, fundamentó su decisión, entre otros, en los siguientes argumentos: “A pesar de la innegable importancia jurídica que tiene tanto el cuerpo de argumentación presentador (sic) por el Abogado de la parte intimada contenidos en el escrito que obra a los folios 41 al 45 ambos inclusive como en las alegaciones producidas por el Abogado intimante en el escrito que corre agregado a los folios 59 y 60, constituiría una ociosidad procesal y una falta a la economía procesal, analizar en profundidad a los mismos, cuando del cómputo que obra en autos se desprende que el escrito que contiene la contestarán (sic) a la estimación de intimación de honorarios profesionales e interposición de cuestiones previas y excepciones de fondo resultó ser presentado extemporáneamente, vale decir, después de haber precluído el lapso establecido en el Artículo 25 de la Ley de Abogados por lo que la estimación de la intimación quedó firme”. Más adelante, se agrega: “El Tribunal, estima conveniente aclarar, en esta parte dispositiva del fallo que en primer lugar por haberse dado por intimado, emplazado y ratificado el abogado LUIS ALBERTO MARTINEZ MARCANO, con el carácter acreditado en los autos, profesional del derecho que tiene su domicilio personal en esta ciudad de Mérida; en segundo lugar por cuanto estando ya un apoderado judicial constituído en la misma ciudad donde se tramita el presente juicio no requiere en forma absoluta el concedérsele término de distancia alguno y en tercer lugar por existir un criterio preestablecido en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de junio de 1999 (…) en la que se deja establecido lo siguiente: ‘…Al respecto, observa la Sala que el término de distancia se concede, además por la lejanía o necesidad del traslado de la parte (normalmente su apoderado) del lugar donde se produce el acto lesivo (la sentencia), al lugar donde debe interponer el medio de gravamen o de impugnación (el recurso). (…). Luego, para el momento en que se dicta la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, la demandada ya tenía poderado (sic) constituído en la causa…razón por la cual no había motivo para conceder un término de distancia a la parte domiciliada en Caracas”. 8° Consta igualmente que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en decisión de fecha 25 de julio de 2000, confirmó la condenatoria realizada en primera instancia, manteniendo lo siguiente: “Por otra parte, es cierto que esa misma ley procesal ha establecido el término de distancia en su artículo 203, para facilitar el traslado de las personas cuando están domiciliadas a una apreciable distancia de la sede del Tribunal que reclama su presencia; pero, no es menos cierto que cuando esa persona domiciliada lejos del Despacho que la llama, constituye un apoderado, con las facultades específicas requeridas en la ley, en el domicilio del Tribunal en cuestión, ese término o plazo deja de tener sentido (artículos 153 y 154 del Código de Procedimiento Civil y 1.169 y siguientes del Código Civil) como bien lo ha decidido el juzgador “a quo” criterio que esta Alzada acoge incondicionalmente”. Siendo tal la situación, la Sala observa: Tanto el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, como el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la misma Circunscripción Judicial, cuya decisión de fecha 25 de julio de 2000 es objeto de la presente acción de amparo constitucional, consideran que no resulta necesario entrar a analizar los argumentos del ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, accionante en el presente caso, por cuanto el mismo habría contestado extemporáneamente la intimación hecha en su contra. El razonamiento utilizado por ambos Tribunales, consiste en que el intimado, al tener constituido apoderado en la misma circunscripción judicial del Tribunal de la causa, no resultaba aplicable el término de la distancia. Tal razonamiento es erróneo. El término de la distancia es un beneficio procesal que la ley concede a la parte, no a su apoderado. En este sentido, el hecho de que una parte tenga constituido apoderado en el lugar donde se interpone la demanda, no obsta a que deba concedérsele el mencionado término de la distancia. El término de la distancia no se concede solamente a los efectos del traslado de personas o autos al Tribunal de la causa, sino igualmente para que la parte demandada pueda preparar adecuadamente su defensa. Así, en el presente caso, aun cuando el demandado, ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, haya tenido apoderado constituido en la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, es previsible que dicho apoderado haya tenido que movilizarse a la ciudad de Caracas, domicilio del demandado, para preparar su defensa. Con lo anterior, se ratifica lo establecido por esta Sala Constitucional, en su decisión n° 622/2001 de fecha 2 de mayo de 2001 donde, en un caso similar, se señaló lo siguiente: “…se observa que en la sentencia dictada por la sentenciadora que conoció en primera instancia de esta acción de amparo constitucional, se señaló que no se violentó el derecho a la defensa del accionante ya que se cumplieron todos los trámites procesales para la citación del demandado y que a éste se le designó defensor judicial con quien se entendió la citación y los demás actos del proceso y que con ello se le garantizó las oportunidades para ejercer su defensa. No se percata la jueza de que aun cuando se le designó al accionante defensor Ad Litem, en modo alguno garantizó la defensa efectiva del demandado; el juez presunto agraviante no le concedió al defensor judicial del demandado el término de la distancia que originariamente se le había concedido en el auto de admisión de la demanda, al demandado, reformando así, por contrario imperio, lo ordenado en su propio auto de admisión de la demanda. Esta reforma es contraria a la ley, por cuanto el auto de admisión de la demanda en modo alguno puede ser considerado un auto de mera sustanciación; con ello se violentó el debido proceso y el derecho a la defensa del accionante, ya que el término de la distancia se concede no sólo para el traslado de personas o autos de un sitio a otro, sino también para que el demandado pueda preparar su defensa en la forma más adecuada. Por otra parte, de tal término depende el comienzo del cómputo para el lapso de emplazamiento; por lo tanto, al existir como en el presente caso, incertidumbre en cuanto a la concesión o no de dicho término nos encontramos frente a un proceso donde reina la inseguridad y el caos, ya que es obvio que al actor también interesa la certidumbre en cuanto a la preclusión de los lapsos en los cuales debe asumir las cargas procesales que le impone la ley, todo lo cual constituye una evidente transgresión del artículo 49 del Texto Constitucional”. Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que el término de la distancia sí fue concedido al demandado JOSE GERARDO ARIAS CHANA, pero no fue computado a los efectos de considerar tempestiva la contestación dada a la demanda. Ello hace más grave aún la transgresión de su derecho a la defensa y al debido proceso; pues si no conceder el beneficio del término de la distancia, cuando se tiene derecho a él, ya constituye una indebida limitación al derecho a la defensa, peor aún es concederlo y después hacer caso omiso de él. Si se concede el término de la distancia, el demandado, tomando ello en cuenta, prepara su defensa y procede a contestar dentro del plazo concedido. Pero si, sin auto revocatorio alguno, el Tribunal procede a obviar el término que ha concedido, se deja al demandado en una situación de incertidumbre total. De hecho, aun si el término de la distancia hubiese sido erróneamente concedido, a falta de su expresa revocatoria, debe ser considerado a los efectos de computar el lapso para contestar la demanda. En virtud de lo expuesto, considera la Sala que en el presente caso ha existido una grave violación al derecho al debido proceso y, en consecuencia, debe decretarse la nulidad de todo lo actuado y reponer la causa al estado de que se vuelva a sentenciar la demanda de honorarios profesionales, por parte del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual, deberá considerar tempestiva la contestación a la estimación dada por el apoderado del ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, y deberá analizar y pronunciarse sobre todos los alegatos realizados en dicha contestación. Así se decide.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, contra la sentencia emitida en fecha 25 de julio de 2000 por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, la cual confirmó la sentencia dictada en fecha 21 de septiembre de 1999 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la misma circunscripción judicial. En consecuencia, se anula todo lo actuado en el juicio y se repone la causa al estado en que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida dicte sentencia sobre dicha estimación, debiendo considerar tempestiva la contestación dada por el abogado Luis Alberto Martínez Marcano, apoderado judicial del ciudadano JOSE GERARDO ARIAS CHANA, accionante en el presente caso. Se acuerda suspender la medida cautelar decretada por esta Sala en decisión de fecha 15 de febrero de 2001. Se acuerda igualmente exonerar al Juez Superior Primero en lo Civil y Mercantil, Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de cualquier responsabilidad, por considerar que su decisión se produjo de acuerdo con una interpretación razonable de las disposiciones legales en las que basó su fallo.