Sentencia N° 893 Constitucional TSJ 2000: Saturnino José Gómez González, Noel Blanchard… vs Ministerio de Educación, Cultura y…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso de nulidad interpuesto por varios ciudadanos contra una resolución ministerial. Se argumentó que el acto impugnado no era de competencia de la Sala Constitucional, sino de la Sala Político-Administrativa, dado que se trataba de un acto administrativo de efectos generales emanado del Ejecutivo Nacional. La Sala determinó que la acción debía ser remitida a la Sala competente.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objeto de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, de conformidad con el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. En el artículo 336 eiusdem se establecen de forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo.

Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesto conjuntamente con amparo constitucional y subsidiariamente solicitud de suspensión de efectos y medida cautelar innominada, por el abogado PEDRO LÓPEZ, apoderado judicial de los ciudadanos SATURNINO JOSÉ GÓMEZ GONZÁLEZ, NOEL BLANCHARD IRAUSQUIN, GERARDO PICON OLIVARI Y RAMÓN VEROES, en contra de la Resolución Nº 3 de fecha 9 de febrero de 2000, emanada del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Que EL TRIBUNAL COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto, es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia; en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la Sala competente antes indicada.