Sentencia N° 861 Constitucional TSJ 2001: Colegio de Ingenieros de Venezuela — Ejecución de mandamiento de amparo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de ejecución de un mandamiento de amparo otorgado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La Corte había declarado parcialmente con lugar la acción de amparo, ordenando al Colegio de Ingenieros de Venezuela recibir y tramitar las solicitudes de inscripción de los accionantes. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que el Colegio cumplió con el mandamiento, ya que las solicitudes fueron recibidas y tramitadas, aunque no se otorgó la colegiatura por no cumplir con ciertos requisitos.

El auto apelado en este caso, es decir, el auto de fecha 21 de mayo de 1999, antes transcrito, es un auto que se pronuncia acerca de un aspecto que está relacionado con el fondo de la pretensión de amparo constitucional del caso que se ventila, como lo es, el determinar si el mandamiento de amparo otorgado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y luego confirmado por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia, fue o no cumplido. En efecto, la solicitud de ejecución de un mandamiento de amparo constitucional no constituye una pretensión accesoria o secundaria en el ejercicio de una acción de amparo constitucional, ni es un trámite de mera sustanciación, pues forma parte del contenido principal de la pretensión deducida. Siendo ello así, la decisión que recaiga sobre la solicitud de ejecución de un mandamiento de amparo, o que se pronuncie acerca del cumplimiento que se haya dado a dicho mandamiento, no constituye una decisión de sustanciación o un mero acto de trámite, sino que, como se señaló, implica un verdadero pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión de amparo.

1º Declara que NO HA LUGAR a la solicitud de ejecución de mandamiento de amparo, formulada ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 8 de febrero de 1999, por la abogada Herviz González, apoderada judicial de los accionantes, identificados en la parte narrativa del presente fallo. Publíquese, regístrese, y remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.