Sentencia N° 838 Constitucional TSJ 2000: Enrique Eduardo Rincón González vs Aco Occidente S.A. — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Enrique Eduardo Rincón González contra la sentencia del Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de Zulia. El demandante alegó que el juzgado no valoró adecuadamente las pruebas sobre su salario, lo que violó su derecho a la defensa y al debido proceso. Sin embargo, la Sala concluyó que no hubo una violación directa de sus derechos constitucionales, ya que la valoración de pruebas es competencia del juez.

La presente acción de amparo es intentada por la representación judicial del ciudadano Enrique Eduardo Rincón González, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de enero del año 2000, puesto que “ninguna de las numerosas pruebas evacuadas por el actor, previa la debida admisión del tribunal, tendentes a demostrar la cuantía salarial que percibía por sus servicios (omissis) fue objeto de análisis y juzgamiento por el sentenciador”, es decir, alega ausencia absoluta de valoración de pruebas por parte del Juzgado accionado. En este sentido, considera la Sala que, de la lectura de las actas que conforman el presente expediente, y muy en particular del análisis de la decisión accionada, no se evidencia que el Juzgado Superior denunciado haya ocasionado una violación directa e inmediata de sus derechos constitucionales a la Defensa y al Debido Proceso, en virtud que cuanto constituye el acto presuntamente lesivo, que es el juicio que realiza el mencionado Tribunal Superior con respecto a la cuantía salarial que percibía por sus servicios, recae dentro de la esfera de la soberanía del juez, y sólo podría ser denunciable en sede constitucional, si existiera una omisión de grosera entidad que permita al Juez que conozca el amparo apreciar, mediante un breve análisis, que existe la posibilidad de una violación al respecto. Además, considera necesario la Sala hacer referencia a que, en atención a la necesaria estabilidad que debe otorgarse al contenido de las decisiones judiciales, en especial a lo que la ley establece que corresponde a la soberanía del juzgador, como consecuencia del reconocido principio de Cosa Juzgada, el amparo constitucional, mecanismo judicial que permite la restitución de los derechos constitucionales infringidos de manera breve, sumaria y eficaz, no puede convertirse en una tercera instancia que proceda en ausencia de un procedimiento recursivo ordinario que no haya sido dispuesto a tal efecto por el legislador.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis, la acción de amparo constitucional interpuesta por la representación judicial del ciudadano ENRIQUE EDUARDO RINCÓN GONZÁLEZ, en fecha 9 de febrero del año 2000, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de enero del año 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Líbrense las correspondientes boletas de notificación. Cúmplase lo ordenado.